El uso y la promoción del euskera tanto en la vida pública como en la privada siguen siendo insuficientes en Euskal Herria, en gran medida por sentencias judiciales que contravienen los compromisos adquiridos en la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. Un informe del Consejo de Europa presentado este martes alerta de importantes deficiencias en la implementación de nuestra lengua en la Administración pública o en el sistema judicial, torpedeada sistemáticamente por fallos que van en contra de los derechos de los euskaldunes.
La Carta busca proteger y fomentar las lenguas regionales y minoritarias como un aspecto amenazado del patrimonio cultural europeo y permitir que los hablantes de lenguas como el euskera puedan usarlas en ámbitos como la educación, la justicia, la cultura o las administraciones públicas.
El informe del Consejo Europeo, elaborado por expertos independientes, hace hincapié en el desconocimiento del euskera entre los funcionarios. Solo un 11% tiene los conocimientos para desenvolverse con soltura en la lengua vasca. A esto añade que la mayoría de los servicios públicos no ofrecen la opción de interactuar en esta lengua, especialmente la Ertzaintza y Osakidetza.
“El euskera es ampliamente utilizado por las autoridades regionales y locales. Sin embargo, algunos servicios públicos continúan prestándose con dificultades, en particular la policía vasca y el servicio de salud vasco, para los cuales se requieren más esfuerzos”, indican los autores. Esto, alertan, dificulta el acceso de los euskaldunes a servicios esenciales como la salud y la seguridad.
En el ámbito educativo, la evaluación de los especialistas determina que la oferta educativa en euskera, sobre todo en la educación técnica y profesional, sigue siendo insuficiente en comparación con la demanda existente.
Lo mismo ocurre en el ámbito judicial. Aunque se permite el uso del euskera en los tribunales, el informe subraya que en la práctica “esto no se implementa de manera efectiva, lo que viola derechos fundamentales de los ciudadanos vascoparlantes”. Reclama en este sentido que la legislación “permita que los tribunales lleven a cabo procedimientos penales, civiles y administrativos en euskera a petición de una de las partes, y tomar acciones para asegurar que esto se cumpla en la práctica”.
El Consejo de Europa insta además a restablecer la versión en euskera del Boletín Oficial del Estado (BOE), práctica que se dejó de hacer en 2021.
Fallos en contra del euskera
Ante esta radiografía que dibuja el Consejo cabe recordar recientes sentencias judiciales que no ayudan a mejorar y facilitar el uso de la lengua vasca. Solo en 2023 los tribunales vascos fallaron en al menos cinco ocasiones en contra del euskera.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV ) dictó que las administraciones locales no podían imponer el euskera a los trabajadores subcontratados por las administraciones públicas.
Asimismo, un juzgado de Gasteiz obligó a aceptar en Arkaute a los aspirantes a policías municipales que durante el proceso de selección no superaron el nivel mínimo de euskera requerido.
El TSJPV incluso fue más lejos al anular varios artículos y apartados del decreto que desarrolla la Ley de Instituciones Locales de Euskadi y que priorizan el uso del euskera. En concreto, se llevó por delante el artículo que fijaba la utilización del euskera “como lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general” en las actividades de las entidades locales y otras entidades que conforman el sector público de la CAV.
También anuló el artículo para que las actuaciones municipales "se desarrollasen en euskera” y la adopción de medidas tendentes al funcionamiento de los municipios en esta lengua.
No hay que olvidar tampoco la sentencia de 2022 de la magistrada Ana María Martínez Navas que obligaba al Ayuntamiento de Laudio a readmitir a una interina que no había logrado alcanzar el nivel de euskera exigido, esgrimiendo que es “uno de los idiomas más difíciles del mundo”.
Las zonas lingüísticas, un obstáculo en Nafarroa
Respecto a Nafarroa, los expertos del Consejo de Europa indican que generalmente se facilita y fomenta en la vida pública y privada, pero matiza que la actual división administrativa en tres zonas lingüísticas (vascófona, no vascófona y mixta) “constituye un obstáculo para la promoción del euskera” en la Comunidad Foral, por lo que insta a su eliminación.
En Nafarroa solo el 1% de los funcionarios que trabajan para la Administración estatal tiene un conocimiento operativo del euskera (los ubicados en la zona de habla vasca), con solo un traductor empleado.
En este caso también los tribunales han puesto trabas. En 2019 el Tribunal Superior de Navarra anuló la valoración del “vascuence” como mérito para cualquier puesto en las zonas mixta y no vascófona y los puestos de los servicios centrales de la administración navarra “cuando el ingreso se realice por concurso oposición”.
En la educación, el informe ve deficiencias en la oferta de educación técnica y profesional en euskera, el llamado modelo D, que sigue siendo limitada en comparación con el número de estudiantes matriculados en primaria y secundaria
Destaca, en cambio, los acuerdos con plataformas internacionales de streaming para el doblaje de películas en euskera.
