Euskadi ha conseguido reducir en cinco años un 49 % la cantidad de residuos no peligrosos y espera recaudar un total de 11,9 millones de euros en 2023 a través del canon de vertido e incineración que penaliza el vertedero como solución final.
Estos son algunos de los datos de los que ha dado cuenta la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, en un desayuno informativo en el que ha presentado los avances en las acciones previstas en el Plan de Prevención y Reducción de Residuos de Euskadi, que recoge un proyecto piloto para la devolución y retorno de envases .
Desde 2018 la CAV ha logrado reducir en un 49 % la cantidad de residuos no peligrosos que antes tenían como fin el vertedero, una disminución que ha atribuido, entre otros factores, a la puesta en marcha del canon que penaliza económicamente el vertedero frente a otras alternativas.
En 2023, en virtud de esta disposición, se esperan recaudar 2,8 millones de euros en Araba, 8 en Bizkaia y 1,1 en Gipuzkoa con los que espera crear un fondo interinstitucional para actuaciones de economía circular.
Disminución de residuos
El plan residuos vasco sitúa como objetivos para 2030 disminuir la generación de residuos en un 30 %, aumentar la recogida selectiva en un 85 %, valorizar los residuos no peligrosos en un 85 % y reducir a menos del 15 % los que terminan en vertedero.
El grado de avance del plan en su conjunto es "superior al esperado" ya que se ha logrado ejecutar el 33 % de lo previsto cuando a 2023 correspondería el 23 %. ha señalado Tapia.
En lo relativo a residuos plásticos, ha subrayado la puesta en marcha de la Plataforma de plásticos de Euskadi y la 'Hoja de ruta de circularidad de plásticos', para "promover una economía circular del plástico en Euskadi". Tapia también se ha referido a la adjudicación de más de siete millones de los fondos europeos Next Generation para inversiones en cuatro centros de reparación y reutilización en Euskadi y ha avanzado que en 2024 se realizará "una experiencia piloto para la implantación de un sistema de depósito devolución y retorno de envases".
En cuanto a las inversiones, de los 97 millones de euros previstos para fomentar la reutilización se han ejecutado el 30 % (31,2 millones de euros).
Tapia ha explicado que desde 2022 se ha procedido a la autorización e inicio de trámites para la creación de once instalaciones de valorización para suelos contaminados, residuos orgánicos, lodos de carbonato procedentes de papeleras, plásticos, fresados de carretera y escorias de procesos industriales.
Una vez construidas en su totalidad estas infraestructuras permitirán valorizar un millón de toneladas al año que actualmente pasan a vertedero.
Tapia ha remarcado que para una transición sostenible "hay que ser corresponsable y solidario" y gestionar los residuos en cada territorio y en cada zona.
Dificultades en las localizaciones
"Todos estamos a favor de la economía circular, pero a la hora de bajar al terreno e instalar infraestructuras de valorización todo son problemas" por parte de los municipios, ha indicado la consejera, que ha puesto como ejemplo la planta para reciclar hasta 100.000 toneladas de lodos de papelera Valogreene prevista en Bergara que está autorizada "pero tiene una gran dificultad en la localización".
Preguntada sobre las 400.000 toneladas del total de 6 millones de toneladas que genera Euskadi que se "exportan" a otras comunidades, Tapia ha precisado que 130.000 son residuos que van a vertedero y ha indicado que es un dato que "hay que corregir".
El resto está relacionado con tratamientos específicos como, por ejemplo, el aceite, ya que Euskadi no cuenta con instalaciones para ello.
Por otra parte Euskadi recibe de otras comunidades 200.000 toneladas fundamentalmente de fragmentado de vehículos y de polvos de acerías.
Gestión del amianto
En relación a la gestión del fibrocemento, un material para el que por el momento no existe tecnología capaz de reciclarlo, 33 municipios han elaborado censos sobre el amianto, algo a lo que están obligadas para 2028 los 230 localidades de la CAV, que ha elaborado la primera guía metodológica de España para la elaboración de dichos censos.
En 2024 está previsto asegurar celdas de fibrocemento que den respuesta a los tres territorios así como el diseño de una línea de ayudas para la retirada de esta sustancia para instalaciones y emplazamientos públicos y privados.
