El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha reiterado que los servicios jurídicos están analizando posibles sanciones a las empresas de transporte escolar, mientras el Departamento de Educación trabaja para aprobar cuanto antes ayudas "rápidas, fáciles y sin mucho papeleo" para compensar a las familias que se han quedado sin este transporte.
Zupiria ha insistido en la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en que las consecuencias que para estas empresas anunció ayer el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, serán las que se recogen en las normativas correspondientes.
Ha recalcado que estos operadores "están obligados a cumplir la orden del Departamento y a prestar servicio", y ha subrayado que en caso de desacuerdo "tienen todo el derecho a recurrir esa orden, pero mientras tanto tienen que acatarla y cumplirla".
La orden que obliga a estos operadores a prestar servicio fue aprobada por Educación al inicio de este curso escolar, una vez que las empresas mantuvieron su decisión de rechazar cubrir las rutas escolares del año pasado por entender que no son rentables mientras que el Gobierno vasco no suba el precio que abona.
Zupiria ha recordado que este conflicto se arrastra desde 2020, que en 2021 el aumento de la dotación a estas empresas fue del 27 % y en 2022 de un 4 %, más el abono de la subida del combustible, y que para 2023 la propuesta era pagar el 100 % del coste real de la prestación más un 6 % en concepto de beneficio empresarial.
