Las cuatro asociaciones judiciales y la Asociación de Fiscales han solicitado al Ministerio de Justicia la convocatoria "urgente y sin demora" de una reunión para negociar un aumento de sus retribuciones salariales.
En plena guerra abierta entre el departamento dirigido por Pilar Llop y los letrados de la administración de Justicia, que llevan más de un mes en huelga, también los jueces y los fiscales reclaman a la Administración pública una adecuación de sus salarios, según han confirmado a EFE este miércoles fuentes jurídicas.
Para ello, las asociaciones interpusieron en diciembre una demanda contencioso-administrativa mediante la que esperan que se obligue a Justicia a convocar la mesa de retribuciones, un órgano que se reúne cada cinco años para revisar los salarios de estos dos operadores jurídicos, tal y como recoge la Ley 15/2003 de retribuciones de las carreras judicial y fiscal.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación de Fiscales perciben una "voluntad negociadora" en el ministerio después de cuatro reuniones en las últimas dos semanas con los letrados en huelga, aunque el conflicto está lejos de resolverse.
Dichas asociaciones también aluden en un comunicado a la "capacidad de dar respuesta presupuestaria a las reivindicaciones económicas" para justificar su petición urgente de reunión.
Según han explicado a EFE desde JJpD, Justicia citó a la mesa de retribuciones el pasado mes de noviembre, pero dejó la convocatoria sin efecto y las negociaciones se pararon.
El ministerio no ha fijado aún una nueva fecha para que la comisión se reúna, pero está trabajando en ello, según fuentes de las partes implicadas.
En el marco del paro indefinido de los letrados de la administración de Justicia, las tres principales asociaciones de jueces -APM, AJFV y JJpD- rechazan la pretensión de los huelguistas de asimilar sus retribuciones a las de la carrera judicial.
La llamada cláusula de enganche es la principal reclamación de los funcionarios en huelga desde el pasado 24 de enero y permitiría referenciar el salario de los letrados al de jueces y fiscales para que los primeros nunca cobraran menos del 85 % respecto a los otros dos operadores jurídicos.
Según trasladó JJpD tras la primera reunión fallida entre los letrados y el ministerio, esta medida "confunde las responsabilidades y funciones del poder judicial con las de un cuerpo superior de la Administración de Justicia", y las labores de "jueces y magistrados no son equiparables" a las de los antiguos secretarios judiciales.
En la misma línea se pronunciaron la APM y la AJFV: "Las funciones y responsabilidades que la Constitución encomienda con carácter exclusivo y excluyente a jueces y magistrados impide la asimilación retributiva de cualquier otro cuerpo", argumentaron en un comunicado conjunto.
