El Ministerio de Igualdad propone ofrecer a las víctimas de violencia de género que se encuentren en situación de vulnerabilidad una solución habitacional inmediata y el acceso al ingreso mínimo vital después de constatar que algunas de las últimas mujeres asesinadas vivían con sus agresores por necesidad económica.
En una rueda de prensa celebrada este viernes tras el comité de crisis por los últimos asesinatos machistas, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha expuesto algunas de las propuestas que el Ministerio ha trasladado a las comunidades autónomas, con quienes se ha reunido para "analizar pormenorizadamente" los seis asesinatos de enero y los ocurridos en diciembre.
Del análisis de estos crímenes, Igualdad ha sacado la conclusión de que algunas de las víctimas cohabitaban con sus agresores tras romper la relación por cuestiones económicas, por eso una de las propuestas planteadas es proporcionar una solución habitacional de forma inmediata y el acceso al ingreso mínimo vital, así como a otras ayudas sociales, cuando la valoración policial del riesgo sea alta.
"Tenemos que ser capaces no solo de que los servicios de protección estén disponibles, sino de buscar la manera de llegar eficazmente a las víctimas sin necesidad de largos trámites burocráticos", ha reseñado la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Propuestas "provisionales"
La delegada del Gobierno español contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha puntualizado que tanto ésta como el resto de propuestas son "provisionales" y no se llevarán a efecto de manera inmediata, ya que todas las medidas han de someterse a la consideración de la conferencia sectorial de Igualdad.
Otra de las propuestas que baraja el departamento es la creación de un servicio de atención psicológico especializado en violencia machista dentro del Sistema Nacional de Salud.
Igualdad plantea que la atención psicológica que reciben las víctimas sea "continuada" y no se circunscriba al momento posterior a la agresión, algo que en su opinión puede servir como "detección precoz" de mujeres que en el pasado hayan sufrido malos tratos y se encuentren de nuevo en la misma situación.
Otro de los puntos en los que se quiere centrar Igualdad es en el ámbito rural, donde las mujeres "se enfrentan a más obstáculos porque no disponen de todos los servicios públicos con la misma cercanía que en otros núcleos de población más amplios".
En esas zonas, Igualdad quiere contar con mecanismos similares a los puntos violeta que permitan la derivación inmediata de las mujeres a centros de atención a las víctimas de violencia machista de municipios más cercanos.
Rosell ha argumentado que en un país donde el 57,3% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido algún episodio de violencia machista "el Estado tiene la obligación de ser proactivo y buscar los lugares a los que sí acuden las víctimas, para ofrecerles la conexión con los servicios básicos".
Esta es la segunda reunión del comité de crisis -la primera se celebró el 28 de diciembre-, que se convocará cada vez que se acumulen cinco o más crímenes de violencia de género al mes.
En este caso han sido convocados los ministerios de Justicia e Interior, la fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, y todas las comunidades autónomas que han querido participar, entre ellas las gobernadas por el PP, con quien Rodríguez ha destacado la buena sintonía.
"Tengo la sensación de que cuando no hay cámaras ni redes sociales nos entendemos mucho mejor trabajando en la lucha contra la violencia machista", ha reseñado la secretaria de Estado, que ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, que "tenga tan claro como sus consejeras que ésta es una cuestión en la que todos tenemos que estar del mismo lado".
