- Ikastolen Elkartea aplaudió ayer “el esfuerzo” que han realizado por partidos para, desde la diferencia, acordar el Pacto Educativo que fue aprobado con el apoyo del 90% del arco parlamentario merced a los votos de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Las ikastolas tildan de “adecuada” la propuesta del Pacto si bien reconocen que “no satisface” plenamente las necesidades y deseos expresados por la asociación, como los relacionados con el papel que debe desempeñar el euskera en la escuela o con el respeto al marco administrativo de la CAPV frente a la dimensión de Euskal Herria que reclamaban para la futura Ley de Educación.

Pero en el juego político de abandonar las trincheras y dejarse pelos en la gatera que ha conducido al Pacto, las ikastolas han logrado una de sus reivindicaciones clave: la creación de un Servicio Público Vasco de Educación independientemente de la titularidad de los centros con la que contrarrestar la infrafinanciación que, a su juicio, sufre la red concertada. En este sentido, Ikastolen Elkartea comparte la idea “de que todos los centros que vayan a estar en el servicio público educativo vasco tengan los mismos derechos y obligaciones y, garantizado el 100% de la financiación que necesitan, aseguren la gratuidad real”. No obstante, para que el Servicio Público Vasco gratuito sea viable a corto plazo, las ikastolas entienden que es “necesario un calendario de implantación de la nueva forma de financiación”. Desde su punto de vista, la definición de las medidas y la correcta definición del cronograma por parte del Departamento de Educación “serán imprescindibles para que el proceso se dé con todas las garantías”.

En el ámbito del euskera, las ikastolas piden que se concrete que al finalizar la Educación Primaria los alumnos tendrán como mínimo el nivel B1 en las dos lenguas oficiales y el nivel B2 al finalizar la ESO. También mostraron su “preocupación” porque el Pacto acordado contemple “que se dará un tratamiento integrado de las tres lenguas o que éstas orientarán el aprendizaje”. Y es que, según dicen, el euskera “debe ser la lengua de los procesos de enseñanza-aprendizaje” y esta consideración debe tener su reflejo en la ley, que además “debe definir las especificaciones para el logro de las competencias lingüísticas”. Para ello, propone que los agentes educativos trabajen conjuntamente y en coordinación con Euskalgintzaren Kontseilua para hacer una propuesta que quede recogido en el texto de la ley. También piden que se definan tanto las funciones como los miembros de las oficinas de información municipales que centralizarán la gestión de las matrículas.