A punto de cumplirse seis meses de la entrada en vigor de la ley de eutanasia, solo dos comunidades -Euskadi y Catalunya- han hecho públicos los datos sobre solicitudes de ayuda a morir, mientras que la falta de formación e información entre sanitarios provoca retrasos que prolongan el sufrimiento de los afectados. El próximo sábado, 25 de diciembre, se cumplen seis meses desde que entrara en vigor la ley que garantiza una ayuda médica para morir a aquellas personas con una enfermedad grave e incurable y que padezcan un sufrimiento “constante e intolerable”.
La aprobación de esta ley -que recibió el visto bueno del Congreso el pasado 18 de marzo con un amplio apoyo- fue celebrada por los colectivos que llevan años defendiendo el derecho a una muerte digna, y que ya en su día advirtieron de que estarían vigilantes para garantizar que la norma se cumplía y la ayuda llegaba a quienes contaban con los requisitos.
Medio año después es difícil analizar el cumplimiento de la ley porque solo Cataluña y País Vasco han dado a conocer el número de solicitudes presentadas y las eutanasias que se han realizado.
Hasta finales de noviembre un total de 53 personas habían pedido la eutanasia en Catalunya, la mitad de solicitudes (28) habían sido aprobadas -solo 3 denegadas- y 24 ya han recibido la asistencia para una muerte digna. La secretaria general del Departamento de Salud, Meritxell Masó; la directora general de Ordenación y Regulación Sanitaria, Azucena Carranzo; y el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, Albert Tuca, ofrecieron una rueda de prensa para informar de estos casos.
En Euskadi, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y el viceconsejero, José Luis Quintas, comparecieron a petición propia en el Parlamento para informar de la aplicación de la ley. En este territorio, 13 personas han accedido a la ayuda y otras 12 están a la espera de recibir la prestación. Hasta el 10 de diciembre se recibieron 34 solicitudes y ocho personas fallecieron antes de que pudieran ejercer este derecho, mientras que se le ha denegado la prestación a una persona. Esta transparencia contrasta con el resto de comunidades, que mantienen silencio con respecto a las eutanasias realizadas y que, en el caso de la Comunidad Valenciana y Canarias, ni siquiera han hecho público el nombre de los componentes de la Comisión de Garantías y Evaluación, encargados de autorizar cada caso.
Así lo denuncia el presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD), Javier Velasco, para quien la aplicación de la ley es muy distinta según la región. “Hay comunidades que están facilitando mucho más el uso efectivo de este derecho reconocido en la ley y lo están facilitando a muchos niveles, desde la formación a profesionales hasta el cumplimiento de los plazos”, indica.
Entre ellas, Velasco destaca precisamente a Catalunya y Euskadi, mientras que lamenta que Andalucía y Madrid hayan tardado cuatro meses en constituir su Comisión de Garantías y Evaluación, lo que ha provocado que los ciudadanos de estas dos comunidades hayan tenido que esperar más de la cuenta para acceder a este derecho. “Es inadmisible”.
Otra muestra de la desigualdad entre territorios la viene observando en DMD desde la entrada en vigor de la ley. “Nos llegan casos de comunidades en los que a los pacientes se les deniega la solicitud aduciendo que no cumplen los requisitos, mientras que en otras regiones casos muy similares se han admitido”.
Esto supone -lamenta- que “según dónde te toque vas a tener más o menos suerte y, cuando hablamos de un derecho, debería ser algo más objetivo”. Velasco sí que cree que hay algo común a todas las comunidades autónomas: la falta de formación e información de los médicos. “Muy a menudo los profesionales que reciben una solicitud no saben qué hacer con ella y así se lo hacen saber al ciudadano, a veces objetando, y eso lleva a retrasar los trámites”.
“Hay comunidades que están facilitando mucho más el uso efectivo de este derecho”
Derecho a una Muerte Digna
