GIRONA. Además de no poder ejercer su ministerio, este párroco de Vilobí d'Onyar, de 91 años, no podrá mantener ninguna relación con menores y tampoco visitar las poblaciones donde ha ejercido, según las medidas anunciadas este lunes por el Obispado.
Tras finalizar su propia investigación, el Obispado envió la documentación a la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede que es la que ha ordenado aplicar estas medidas.
El pasado 7 de agosto, la Santa Sede resolvió imponer al cura "la prohibición total del ejercicio público del ministerio, de administrar el sacramento de la penitencia, de mantener cualquier tipo de contacto con menores, y de visitar las poblaciones donde ha ejercido su ministerio".
Además, tendrá la obligación de residir "donde determine el obispo diocesano, de llevar una vida de penitencia y oración y de pedir perdón a las víctimas".
El obispo de Girona ha comunicado "personalmente al capellán estas medidas y ha dispuesto que se haga un seguimiento de su ejecución y cumplimiento", además de informar a las víctimas.
Ha renovado asimismo su "condena de cualquier tipo de abuso, en línea con el pensamiento y la praxis del papa Francisco", se afirma en el comunicado.
El pasado 4 de febrero, la comisión diocesana del Obispado de Girona empezó a trabajar en la investigación sobre los presuntos abusos sexuales que habría cometido durante tres décadas Tomàs Pons, quien fue 33 años párroco de Vilobí d’Onyar y 29 del colegio Bell-lloc de Girona, de alumnado masculino.
Los miembros de esta comisión recogieron el testimonio de algunas de las víctimas y del párroco denunciado, así como de personas relacionadas con los hechos, como exalcaldes, en total una quincena.
Además de trasladar este caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Obispado presentó copia a la Fiscalía de Girona, que "respondió archivando las diligencias por prescripción".
