MADRID. Fuentes policiales han informado que la operación Apolonia, puesta en marcha por orden del juzgado de instrucción número 5 de Madrid, afecta a 23 clínicas: Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Gijón, Salamanca, Valladolid, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Girona, Castellón, Valencia, Alfafar (Valencia), Albacete, Alicante, Elche (Alicante), Murcia, Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Las Palmas.

Se trata de 23 de las 24 clínicas de esta empresa cuyo cierre ha afectado a miles de pacientes en 24 ciudades , hasta el punto de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió asumir la investigación por el presunto fraude.

En el interior de estas clínicas, la Policía intervendrá equipos informáticos que albergan expedientes médicos de los afectados tras el cierre por el presunto fraude, a fin de que pueden recuperar sus pruebas, completar su tratamiento y, en su caso, denunciar su situación.

Además, los registros permitirán hacer un inventario para que la ORGA (Oficina de recuperación y Gestión de Activos) proceda a la venta anticipada para un posible resarcimiento económico a los afectados.

Una tarea en la que participan 300 efectivos de diferentes unidades como agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) o las distintas brigadas provinciales de Policía Judicial, además de las consejerías de Sanidad, los colegios de odontólogos y la ORGA.

Los registros que se practicarán durante la jornada son continuación que los efectuados el 3 de agosto, cuando fueron inspeccionadas 19 clínicas de Mallorca, Tarragona, Girona, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Almería, Cádiz, Málaga, Zaragoza, Gijón, Valencia, Alicante, Castellón, Madrid y Murcia.

Lo hizo por el "volumen extraordinario de la causa", la existencia "de miles o decenas de miles de perjudicados" repartidos por toda España y la existencia de una compleja estructura societaria y de financiación.

Hace una semana, representante de las 14 comunidades autónomas afectadas, es decir, todas menos Navarra, Baleares, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, acordaron con el juez De la Mata poner en común los datos de cientos de miles de perjudicados para agilizar la investigación de la macrocausa.