vitoria - El concurso público bajo sospecha de “enchufismo”, la adjudicación investigada y el relevo polémico llevado a cabo este martes en el Servicio de Mediación Intrajudicial de Euskadi están teniendo consecuencias negativas no solo para los trabajadores que se han quedado fuera y han perdido su trabajo, sino también para los ciudadanos. “En los dos últimos días el servicio de Mediación en Araba ha permanecido con las puertas cerradas y los usuarios que han acudido no han sido atendidos, además, el cambio de trabajadores se ha hecho tan mal que los anteriores mediadores no han podido ni anular las citas que tenían para esta semana”, denuncian desde el colectivo de trabajadores de la empresa que ha dejado de prestar el servicio.

En Bizkaia y Gipuzkoa la situación no es tan caótica porque algunos de los anteriores mediadores han sido contratados por la nueva firma -IRSE Euskadi- y hay cierta continuidad. Sin embargo, fuentes laborales denuncian que “de los 16 trabajadores que veníamos prestando el servicio, nueve se quedan en la calle y los siete que siguen no han sido subrogados, como exigíamos y es preceptivo, sino que han firmado un contrato nuevo, con período de prueba aunque van a realizar el mismo trabajo que hacen, como mínimo, desde hace siete años, pierden su antigüedad, les han reducido el salario a pesar de que la empresa adjudicataria cobra un tercio más, y también les han obligado a firmar un documento en el que renuncian a todas las acciones legales que les pudiera corresponder. Lo que es ilegal”. “La empresa que ha ganado el concurso, IRSE Euskadi, funciona así -señalan en referencia a esas irregularidades- y el Gobierno Vasco es su cómplice”.

Los mediadores que han perdido su trabajo porque la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, se negó a incluir la subrogación en los pliegos del concurso a pesar de que hay una resolución del Parlamento Vasco que lo pide, señalan que lo que “está claro que para el departamento el servicio de mediación es lo de menos, lo importante es que había un plan y se ha llevado a cabo”. Según estas fuentes, hay varios grupos parlamentarios “indignados” por la decisión de la consejera de desoir sus requerimientos. - B. Sotillo