MADRID. Fue el 20 de agosto de 2008 cuando el vuelo 5022 de la compañía con 172 personas a bordo y destino Gran Canaria se estrellaba en Barajas (Madrid) al poco de despegar a las 14:45 horas. Murieron 154 personas y 18 resultaron heridas.
Del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), aprobado el 17 de agosto de 2009, se desprendía que el avión despegó con los flaps replegados y que falló el sistema encargado de advertir a la tripulación.
El 19 de septiembre de 2012, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa penal, al considerar que la responsabilidad del siniestro no es imputable a los técnicos, sino a la actuación "errónea" de los pilotos, fallecidos en el siniestro.
El Sepla recurrió el auto y en febrero del 2018 el Congreso aprobó, con la abstención del PP, la creación de una comisión de investigación sobre el accidente, que está en marcha.
Spanair, constituida en 1986 por los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual y la aerolínea escandinava SAS, fue adquirida en 2009 por un grupo de inversores e instituciones catalanas y presentó concurso de acreedores en enero de 2012.
El 14 de agosto de 2008, seis días antes del accidente de Barajas, la aerolínea escandinava SAS -entonces propietaria de Spanair- presentó sus resultados del primer semestre, en los que ya alertaba de la delicada situación de la compañía española.
Spanair había registrado unas pérdidas antes de impuestos de 55 millones de euros en la primera mitad del año, el doble que en el mismo periodo de 2007.
La incipiente crisis económica, que afectó especialmente a las compañías aéreas, el aumento de la competencia y la sobrecapacidad en el mercado español fueron los argumentos esgrimidos por SAS para explicar las pérdidas de su participada.
En el momento del accidente, Spanair había presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaba a un millar de trabajadores, un tercio de los 3.000 que tenía entonces.
La medida formaba parte de un Plan de Viabilidad que contemplaba también la reducción del número de bases operativas.
Aunque la situación económica de Spanair ya era delicada, en la presentación de los resultados del tercer trimestre de 2008, SAS incluyó el accidente de Barajas entre los motivos del deterioro de las cuentas de su filial española.
En los nueve primeros meses de ese ejercicio, Spanair registró unas pérdidas de explotación de 13 millones de euros, frente al beneficio operativo de 16 millones registrado en el mismo periodo de 2007.
A pesar de que las indemnizaciones a las víctimas del accidente fueron pagadas por la aseguradora, en este caso Mapfre, algunos estudios sostienen que el siniestro tuvo un notable impacto negativo en el número de pasajeros de Spanair.
En cualquier caso, unos meses después, a principios de 2009, SAS dejó de ser el principal accionista de la aerolínea española, aunque se mantuvo como socio industrial.
El control de Spanair pasó a la sociedad IEASA (Iniciatives Empresarials Aeronàutiques SA), formada por inversores e instituciones catalanas, que se hizo con el 80 % del capital.
El exvicepresidente del FC Barcelona Ferran Soriano fue elegido presidente del consejo de administración el 31 de marzo de 2009.
Esta nueva etapa de Spanair concluyó el 27 de enero de 2012, menos de tres años después, cuando la aerolínea suspendió sus operaciones dejando en tierra a miles de pasajeros.
Tres días más tarde, la compañía presentó concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) con un pasivo de 474 millones de euros y formalizó un ERE de extinción para sus 2.000 trabajadores.
