GASTEIZ. Estas limitaciones están recogidas en la revisión del Plan Territorial Sectorial (PTS) de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de 2004, según ha informado el Departamento vasco de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en un comunicado.
Este PTS ha sido modificado para hacer frente a la decisión del Tribunal Supremo en 2015 de anular determinados contenidos de su articulado, en una sentencia en la que dio la razón a la propietaria del centro comercial Garbera en Donostia en su intención de extender su superficie.
Así, este tribunal se mostró contrario a las restricciones contenidas en este texto para el establecimiento de nuevos grandes centros comerciales y para la ampliación de los existentes en función de su tamaño, por considerar que eran contrarias a la libertad de establecimiento de servicios recogida en la norma europea conocida como directiva Bolkestein.
El Gobierno vasco argumentaba que estas limitaciones tenían su base en la incidencia negativa que los grandes centros comerciales periféricos tienen en el modelo de los pueblos y ciudades vascos, en los que defendía un reparto equilibrado de la actividad terciaria y el comercio de proximidad.
Sin embargo, el Tribunal Supremo estimó en su sentencia que las auténticas razones del Ejecutivo vasco para imponerlas eran exclusivamente económicas y mercantiles y que, por tanto, chocaban con la directiva europea.
Para hacer cumplir este fallo, la revisión parcial del PTS se ha llevado a cabo con el propósito de conjugar la ordenación de la actividad comercial presente y futura de acuerdo a criterios basados en "un desarrollo urbano medioambiental, social y económicamente sostenible".
Fuentes del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda han explicado a Efe que el texto modificado mantiene las restricciones del original, pero introduce cambios en los motivos para dichas limitaciones.
De este modo, ya no se hace referencia a la afección que estos espacios pueden tener en el pequeño comercio, sino que se argumentan "razones de impacto medioambiental y de planificación del territorio" por motivos relacionados con la ocupación del suelo, con las redes de comunicación y con el transporte sostenible.
El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, ha remitido hoy el texto de la modificación propuesta a todos los municipios, a las tres diputaciones, a Eudel y a las distintas asociaciones representativas del sector comercial.
Todas estas entidades tienen de plazo hasta el 31 de marzo para presentar sus propuestas y sugerencias de mejora.
