Competencia lanza un decálogo contra el monopolio de uniformes y material escolar

En no pocas ocasiones la compra de uniformes, prendas deportivas, libros, agendas o tablets es un elemento de fricción entre las familias y los centros. Sobre todo en aquellos colegios que imponen una marca concreta de ordenador o la adquisición del uniforme en un establecimiento determinado. Desde el curso 2011-2012 el comercio del material escolar recomendado u obligatorio está liberalizado, por lo que los centros no pueden reservarse su venta u otorgar su exclusividad a un establecimiento concreto.

Es vox populi que la norma sigue sin cumplirse al 100% y que cada setiembre las quejas de las familias encienden en las redes sociales y grupos de Whasapp de padres. He aquí el ejemplo del comentario de una madre enfadada. “En el colegio de mi hijo ya hay uniforme, pero ahora van a variarlo en una rayita y colocarle un logo. Lo quieren vender en exclusiva en unos grandes almacenes, con un coste mucho mayor que donde compramos actualmente”. Con todas las reservas con las que se deben tomar los testimonios que se vierten en las redes sociales, todo el mundo conoce casos similares en su entorno. E igual sucede con la compra de una marca a un precio predefinido de tablet, ordenador o licencias.

Cincuenta consultas Ante la imposición de una determinada marca o comercio por parte del colegio, las familias están cada vez más concienciadas con su capacidad de elección. Y han llevado sus quejas desde las redes sociales al ámbito de la Administración para hacer valer sus derechos. La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) -organismo conocido por imponer una multa de 18 millones de euros a ocho empresas de catering tras demostrar que durante al menos diez años pactaron el reparto del servicio de los comedores de los colegios públicos- ha tramitado 50 denuncias relacionadas con las prácticas irregulares de algunos colegios. De hecho, la AVC reconoce que el escolar es “el sector que más consultas ha acarreado en los últimos años” por parte de centros, distribuidoras, comerciantes y progenitores.

A pesar de este medio centenar de quejas, ningún caso ha precisado la imposición de sanciones en Euskadi. Y es que según la AVC, en la mayoría de las ocasiones los centros se comportan respecto de los uniformes y materiales escolares “actuando de buena fe sin considerar que su conducta suponga una vulneración del ordenamiento jurídico”. Asimismo, parece que no son conscientes de que con las instrucciones de compra que dan a las familias al final de cada curso pueden estar generando “disfunciones en el mercado o que existan prácticas ventajosas para los intereses de los estudiantes y sus familias”.

Pero como se suele decir, el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. Por este motivo y con el objetivo de aclarar las lagunas existentes, la Autoridad Vasca de la Competencia ha elaborado de cara al curso que viene un decálogo de buenas prácticas para los colegios relacionado con el uso y la adquisición de uniformes y material escolar. El organismo autónomo explica que este reglamento busca “garantizar mejoras en la calidad de los productos, precios más competitivos, mayor oferta y, en última instancia, mejora en los intereses de los menores y sus familias”.

El decálogo incluye normas generales, como la prohibición de imponer una marca concreta, ya sea un cuaderno o un polo. Pero también recoge orientaciones que son de cajón y que supondría un ahorro del 185% en la compra del uniforme, como es vender por separado las insignias oficiales del centro y luego coserlas a las prendas.

Competencia recuerda que este decálogo solo afectaría a los centros públicos y concertados ya que los privados no perciben financiación pública. En este sentido, la AVC destaca la importancia de cumplir con las normas, ya que la política de uniformes o material escolar “no puede generar barreras de acceso a un modelo de educación ni, por tanto, condicionar la decisión de los padres de elección de un centro”. Ya en 2014, la AVC apercibió a las partes implicadas de la necesidad de liberalizar el mercado de uniformes y poner fin a las prácticas proteccionistas que limitan la libre competencia. Pero a la luz de las consultas recibidas desde entonces, Competencia ha dado un paso más.

En primer lugar, la AVC llama a los centros a “priorizar el beneficio de los estudiantes y sus familias” en las decisiones sobre el uso de material o de uniforme (incluyendo ropa deportiva o cualquier otro tipo de prenda). Y lo justifica diciendo que “la educación es un servicio público y cualquier traba que impida su efectivo despliegue supone un fracaso en el sistema”. Además, considera que “los precios más bajos facilitan el acceso de todos a la educación financiada con dinero público”. En este sentido, el organismo pide a los centros que no vendan el material escolar de manera exclusiva en sus dependencias. “El centro sólo puede ser una posibilidad más para adquirir material y el uniforme, pero nunca la única”, explica.

Poder de negociación Al hilo de esta cuestión, la AVC llama a las direcciones de los centros a aprovechar “su poder de negociación para la búsqueda de descuentos y otras mejoras, tanto en el material escolar como en los uniformes y asegure que esas ventajas redunden en beneficio de los estudiantes”. Queda terminantemente prohibido la imposición de una determinada marca de prendas o de material escolar, “excluyendo alternativas”, afirma Competencia ya que esas alternativas pueden tener precios más asequibles o resultar más ventajosas a las familias por otras razones que “deben ser respetadas”. En este bloque entran marcas y precios predefinidos de tablet, ordenador, licencias, prenda de vestir, etc.

Como solución, los centros pueden facilitar en sus instrucciones un modelo de referencia o las características exigidas, pero dentro de ellas, permitir que pueda adquirirse libremente. Así, el centro educativo siempre podrá ofrecer, como posibilidad, la compra a través del propio centro, pero jamás imponiéndolo. “Se ha podido observar que los productos vendidos exclusivamente en los centros escolares tienden a tener precios más elevados”, argumenta Competencia.

Por otro lado, reclama que no se utilicen los legítimos derechos de propiedad industrial e intelectual de los centros como instrumento “para obtener beneficios añadidos a costa de imputar mayor valor a un producto de obligatoria adquisición por todo el alumnado”. Así, en caso de querer diferenciar las prendas de los uniformes, el centro debe proponer la posibilidad de vender de forma separada esas insignias. “Existen informes que acreditan que un uniforme oficial resulta en torno a un 185% más caro que las mismas prendas de carácter básico con las insignias cosidas”, afirma la AVC. También se insta a los responsables de los colegios a evitar los cambios frecuentes en los uniformes o materiales, como por ejemplo editoriales, ya que estos cambios “pueden tener una gran repercusión en la economía de las familias”.

El decálogo también pone el acento en los acuerdos comerciales. En caso de que se suscriba un acuerdo de exclusividad con una distribuidora, la AVC pide que “siempre” se acometa un proceso de licitación “justo y transparente” que busque, compare y escoja el más apropiado para los intereses de las familias. Esta vía redundaría en un ahorro en las economías familiares ya que “existen estudios que acreditan que la venta en un único centro resulta un 12% más cara que la que se produce cuando hay varios distribuidores”. En caso de que se opte por un sistema de dos o más distribuidores proporcionaría una rebaja adicional del 5% en uniformes y en las prendas básicas de un 40%. En esta línea, invita a los colegios a realizar licitaciones competitivas de forma regular, “al menos cada tres o cinco años”, dice la AVC. Y es que, el cambio de compañía “no implica cambiar el uniforme, de modo que las familias no deben comprar uno nuevo al cambiar de empresa”. Y por último, los centros deberían informar puntualmente a las familias de las medidas que se han adoptado para garantizar que los precios no resultan excesivos.