Madrid - Nuclenor, la sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola que opera la central nuclear de Santa María de Garoña, acumula provisiones de 115,15 millones de euros para el predesmantelamiento tanto de la planta burgalesa como de la parte correspondiente a su 2% en Trillo. Esta cifra aparece recogida en el último informe anual de auditoría de la empresa, al que ha tenido acceso Europa Press y en el que la firma EY publica un párrafo de énfasis en el que llama la atención acerca de la situación de desequilibrio patrimonial en la que se encuentra la sociedad.

Al referirse a la actividad de predesmantelamiento, Nuclenor recuerda que el proceso puede ser “reversible” si se produce un cambio en las circunstancias. Tras la emisión del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Ministerio de Energía tiene de fecha hasta el 8 de agosto para decidir si autoriza la continuidad de la central, momento en el que sus operadores deberán tomar una decisión al respecto.

Nuclenor declara en sus cuentas anuales de 2016 unas pérdidas de 67,15 millones de euros en 2016, lo que supone elevar un 47% los números rojos de 45,65 millones de euros del ejercicio anterior. La cifra de negocios de la sociedad ascendió a 6,5 millones de euros de euros el año pasado, frente a los 8 millones de euros de 2015, y procedió de los ingresos obtenidos por la venta de energía de la participación del 2% que tiene Nuclenor en la central de Trillo. La sociedad presenta a cierre del año pasado un patrimonio negativo por importe de 38,35 millones de euros, un desequilibrio patrimonial que supone que se encuentra en causa de disolución. Ante esta situación, los accionistas de Nuclenor acordaron el pasado mes de enero una aportación adicional de 14,3 millones de euros, desembolsada el pasado 27 de febrero.

Además, el pasado mes de marzo el consejo de la sociedad propuso a sus accionistas la realización de una aportación adicional de 26,8 millones de euros. En todo caso, Nuclenor declara créditos concedidos a Endesa e Iberdrola cuyo saldo a cierre de 2016 asciende a 55,16 millones de euros, repartidos a partes iguales entre los dos socios.

La central de Garoña se encuentra parada desde finales de 2012, cuando Nuclenor decidió suspender su actividad en respuesta a los impuestos eléctricos de la Ley 15/2012. En su informe, Nuclenor señala que a 31 de diciembre de 2016 la central de Garoña continúa en la situación administrativa de cese de explotación y continúan las tareas de predesmantelamiento, cuya duración aproximada es de tres años, aunque puede ser “reversible”. Para que sea “reversible”, no solo se requiere el dictamen favorable del CSN para alargar su vida útil y la autorización del Ministerio de Energía, sino también el visto bueno de Endesa e Iberdrola.

El pasado 8 de febrero, el CSN dio su informe favorable a la prolongación de la vida útil de la planta para operar hasta 2031, cuando llegue a la edad de 60 años. El Ministerio de Energía tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre el futuro de Garoña, aunque está pendiente de abrir el plazo de alegaciones a las distintas partes. Sin embargo, la postura de los propietarios de Garoña no puede estar más distanciada respecto al futuro de la central nuclear. Así, mientras que Endesa insiste en esperar a conocer la postura del Gobierno español, Iberdrola ha propuesto desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación. - Europa Press