GASTEIZ. Lezertua ha defendido hoy en el pleno del Parlamento Vasco su informe relativo al pasado año, en el que ocupan una parte destacada las quejas y recomendaciones relativas al sistema vasco de prestaciones sociales.
El Ararteko ha puesto en valor este sistema y ha advertido de que las "voces críticas que desde distintos ámbitos se elevan contra la gestión de las prestaciones sociales" no pueden hacer olvidar que el sistema de garantías sociales de Euskadi ha logrado que "los índices de pobreza y exclusión sean inferiores a la media estatal y europea", lo que supone un "impacto importante en el bienestar" de la sociedad.
Ha recordado que, además del informe anual, la institución ha llevado a cabo un estudio diagnóstico tomando como base las quejas recibidas la pasada legislatura en relación a las prestaciones sociales.
En este sentido, Lezertua ha afirmado que "queda un margen importante de mejora" en relación a distintos aspectos de la gestión de la RGI por parte de Lanbide, entre los que ha citado los plazos de resolución de las peticiones y de los recursos de los ciudadanos, así como la información a la ciudadanía sobre todo lo relativo a esta ayuda.
El Ararteko, que no se ha referido a la modificación de la normativa de la RGI propuesta por el Gobierno vasco, ha considerado "muy necesario mejorar y adecuar" la información sobre los requisitos y obligaciones de los titulares de la RGI que, según ha reclamado, debería hacerse en un lenguaje "comprensible y adaptado" a las necesidades de estas personas.
Asimismo, ha llamado la atención sobre lo que ha denominado "un problema importante que afecta a un número elevado de expedientes de queja" y por el que se ha mostrado "seriamente preocupado".
Se trata de la situación de los menores que residen en domicilios a los que se les ha suspendido la RGI. Para protegerlos el Ararteko recomienda que se tome en consideración el "interés superior de los menores".
En cuanto a las cifras generales del informe, las quejas se han incrementaron un 70 % desde el inicio de la crisis, especialmente por el gran peso de las relativas a las prestaciones sociales. En 2016, la institución realizó un total de 10.958 actuaciones, lo que supuso un incremento del 23 % respecto a 2015.
Desde los grupos, Irune Berazaluze (PNV) ha puesto en valor la colaboración entre el Ararteko y las administraciones públicas, y ha destacado que en la mitad de los expedientes no ha habido "actuación incorrecta" por parte de las instituciones.
Eva Blanco (EH Bildu) ha lamentado que las quejas sobre temas relacionados con la exclusión social "se repiten año a año" y ha dicho tener la sensación de que el próximo año sucederá lo mismo.
La representante de Elkarrekin Podemos Tinixara Guanche ha advertido de que resolver las preocupaciones ciudadanas sobre las prestaciones sociales de manera individual es un "parche" por lo que ha abogado por "ponerse serios" y aprovechar las recomendaciones del Ararteko para construir un sistema "mas justo".
La socialista Rafaela Romero ha defendido que en el área de las ayudas sociales los esfuerzos deben destinarse a "desatascar posturas enfrentadas y a conseguir consensos" para "blindar" el sistema de protección social vasco.
Por último, la popular Juana Bengoetxea ha opinado que el Gobierno Vasco "no sale bien parado con este informe" y ha alertado de que esta institución "empuja a la frustración y al rencor" a los ciudadanos cuando no atiende las recomendaciones.
