vitoria - El objetivo es “sacar jugo” al programa Bizigune y mejorar la cifra de pisos desocupados que son devueltos al mercado en régimen de alquiler protegido. Aunque para ello, reconocía Iñaki Arriola, es necesario recuperar la confianza de las personas propietarias de esas viviendas vacías. El método escogido pasa por subir la renta máxima que mensualmente abona el Gobierno Vasco a las personas que, en vez de acudir a una inmobiliaria, opten por ceder la casa a este organismo. En concreto, tal y como anunció ayer el consejero de Medio Ambiente, Planificación del Territorio y Vivienda, el compromiso es fijar en 525 euros al mes la cantidad máxima a pagar frente a los 450 euros actuales.

De este modo, expresaba Arriola, tratarán de revertir el escenario que se ha ido generando desde que en el año 2014 se decidió rebajar los 600 euros que hasta entonces cobraban las personas propietarias afiliadas a Bizigune. La consecuencia directa ha sido la desincentivación ciudadana y, de paso, la pérdida progresiva de pisos movilizados para el alquiler protegido. De hecho, Bizigune ha recibido constantes solicitudes de bajas por motivación económica. Al menos, esa era la razón alegada por las personas propietarias que decidieron rescindir el contrato con la Administración vasca una vez finalizado el tiempo estipulado.

Bizigune dispone a fecha de hoy de 4.500 pisos cuando en etapas anteriores superaba los 5.100; y la previsión de la Dirección de Vivienda es alcanzar los 5.200 y captar 300 más a través del programa ASAP, otra iniciativa de corte similar promovida por el Gobierno Vasco. “Queremos potenciarlo [Bizigune] para hacer frente a las necesidades derivadas del alquiler y específicamente van a atender a las personas que accedan al derecho subjetivo a la vivienda”, apostillaba el consejero. Y es que, a lo largo del presente año está previsto que se incorporen a este sistema de garantías y de cobertura social las unidades convivenciales de 2 miembros con ingresos anuales de hasta 12.000 euros que se sumarán a los colectivos sociales de 3 o más miembros con ingresos de hasta 15.000 euros que ya tienen reconocido ese derecho de acceso a la vivienda desde el pasado 2016.

Además, y en este fomento decidido por las políticas de arrendamiento, Arriola avanzó también novedades en la operativa de Visesa [servicio de promoción de vivienda pública] con el propósito de desplegar una política pública de alquiler que responda a las necesidades mostradas por la mayoría (81%) de las personas registradas en Etxebide. “Su contrato programa con el Departamento -subrayaba el consejero- va a incluir por primera vez una preferencia manifiesta por el alquiler. De tal manera que el 80% de sus nuevas promociones a iniciar en este ejercicio, en el marco del citado contrato programa, lo van a ser con destino al alquiler”.

El Gobierno Vasco destinará 24 millones de euros a movilizar viviendas vacías de particulares para ponerlas en alquiler y otros 18 a subvencionar obras de rehabilitación en pisos y edificios que podrían inducir 300 millones de inversión privada y beneficiar a 14.000 viviendas. Así lo explicó Iñaki Arriola, consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, cuyo presupuesto total para este año que asciende a 191,8 millones (121 para Vivienda), un 7,2% más que en 2016.