Ciudad Real - El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ciudad Real ha abierto diligencias a raíz la denuncia del caso del sacerdote de la Diócesis de Ciudad Real denunciado por un presunto delito de abusos sexuales cometido supuestamente sobre varios alumnos de ESO que estudiaban en el seminario. El fiscal jefe de Ciudad Real, Luis Huete, aclaró ayer que la apertura de diligencias se produce después de que la fiscalía presentara una denuncia a raíz de tener conocimiento del expediente de investigación iniciado por el Obispado de Ciudad Real.
El fiscal jefe advirtió de que el proceso está “en una fase incipiente” y que todavía no se ha oído a los menores y sus familias, como tampoco al presunto implicado. Los hechos, apuntó, “no han sido denunciados ante la Fiscalía y los juzgados por las familias”. De hecho fue la propia fiscalía la que decidió actuar de oficio y presentar la denuncia, amparada en lo que dispone el artículo 191 del Código Penal.
Huete reconoció que todos los hechos de esta índole “son graves”, si bien, señaló que dentro de esa gravedad “no están en la escala más alta”. Los hechos por los que se investiga a este sacerdote se conocieron el jueves después de que la Diócesis de Ciudad Real diera a conocer el resultado del proceso canónico iniciado contra el cura que impartía clase en el Seminario de Ciudad Real a niños de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), por unos presuntos abusos sexuales.
Esta investigación se entregó a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma el 9 de febrero de 2016 y la investigación se presentó ante la Fiscalía el 15 de febrero. Según la web del seminario, un total de catorce alumnos, con edades comprendidas entre los 12 y los 13 años, forman actualmente la comunidad escolar que estudian cursos de Educación Secundaria Obligatoria en el seminario procedentes todos ellos de distintos puntos de la provincia de Ciudad Real. El religioso, por su parte, afirmó el jueves que desconocía cuáles son los hechos que se le imputan, del mismo modo que dijo que tampoco sabía nada sobre el procedimiento judicial abierto en su contra.
La defensa del sacerdote salía al paso de la denuncia asegurando que el religioso no ha tenido conocimiento del contenido del proceso abierto en el ámbito eclesiástico por la Diócesis, “ni menos aún de las pesquisas o investigaciones que se hayan podido realizar”, con el objetivo de poder ejercer los derechos que le asisten dentro del procedimiento de disciplina canónica, y que se rige también por el principio de presunción de inocencia. Además, rechazó “de forma categórica” la calificación jurídica de los hechos, en alusión a su tipificación como “abusos sexuales” en el comunicado. - Efe