MADRID. Los miembros de Greenpeace han escalado la grúa desde la que han colgado la citada pancarta con el lema "la protesta es un derecho" ya que estiman que "a partir de mañana el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y manifestación estarán a merced de la interpretación que realicen las fuerzas de seguridad del Estado y el Ministerio del Interior".
Se trata de una acción que ha comenzado a primera hora de la mañana en protesta ante la entrada en vigor, mañana, de las leyes de Protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, "que fueron aprobadas por las Cortes el pasado 26 de marzo con los únicos votos favorables del PP", recuerda Greenpeace.
"Esta ley carece de justificación, ya que no hay problemas graves de seguridad ciudadana en España", declara Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace, en un comunicado.
Añade que "está pensada para silenciar con multas las voces que critican la gestión del Gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales y de derechos y la privatización de los servicios públicos".
Greenpeace advierte de que "el catálogo de nuevas infracciones que establecen las reformas señalan directamente las formas de protesta pacífica de algunos colectivos como los activistas anti-desahucios, las mareas ciudadanas, los sindicalistas y los afectados por las preferentes, que no suponen en ningún caso un peligro para la seguridad ciudadana".
Agrega que "en la práctica la nueva ley establece serias limitaciones a las libertades de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación, lo que contraviene las obligaciones internacionales contraídas por el Estado español en materia de derechos humanos".
Recuerda que "la ley mordaza también considera un hecho sancionable el uso de imágenes que muestren las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que va en contra del derecho constitucional a la libertad de información y de la necesidad de contar con pruebas que permitan el control del cumplimiento adecuado de sus funciones".
Soto explica que "dada la presunción de veracidad del testimonio de los miembros de las fuerzas de seguridad se podrá atribuir conductas ilícitas a los ciudadanos sin que haya quedado probado que participaron en las mismas".
Greenpeace destaca que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó el jueves pasado el informe resultante del examen periódico universal en el cual "diversos estados hicieron recomendaciones concretas a España para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos".
Indica que "los estados han recomendado a España el respeto a las libertades de expresión, reunión e información, entre otras cuestiones".
Sin embargo, "el Gobierno no ha aceptado revisar las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal, que han sido calificadas unánimemente por la comunidad internacional como una amenaza al ejercicio del derecho a la protesta pacífica", lamenta.
Greenpeace comenta que desde el primer borrador de esta reforma, en noviembre de 2013, ha estado colaborando con otras organizaciones, movimientos sociales, sindicatos policiales, asociaciones de juristas y partidos políticos para pararla o revertirla.
Por último, recuerda que "existe el compromiso de las principales fuerzas de la oposición en el Congreso de derogar esta ley una vez que cambie la actual mayoría absoluta en el Parlamento".
