Bilbao - Hoy se debate en el Congreso la reforma exprés y limitada de la ley del aborto, que impone el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años. El Grupo Popular, impulsor de la proposición, justifica la modificación de la ley vigente para “reforzar la protección del derecho a la vida, así como a las menores”. Pero los datos dan la espalda al boom de abortos profetizado por el PP con la ley Aído (2010), fundamentalmente entre las menores. El número de abortos se sitúa en su cuota más baja desde hace siete años en el Estado, según los datos que maneja el propio Ministerio de Sanidad. Y en Euskadi se acentúa la tendencia a la baja. En 2013 un total de 3.895 mujeres abortaron en la CAV, un 13% menos que en 2012. Según el Departamento de Salud del Gobierno vasco, sólo 168 eran menores de edad, 10 menos que el año anterior. Es decir, las menores que deciden interrumpir el embarazo apenas si representan el 4,3% del total de abortos que se practican en Euskadi.
Especialistas atribuyen este descenso a múltiples factores, como la actual situación socioeconómica, la salida de inmigrantes y al mejor uso de los anticonceptivos. Las estadísticas oficiales señalan que 134 de las 168 menores que abortaron en Euskadi estaban en la franja de edad de 16-17 años, pero se calcula que nueve de cada diez habían informado a sus progenitores. Según un estudio realizado la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), únicamente el 12,28% de las adolescentes de 16-17 años que abortaron en 2014 en España no pudieron informar a sus familias por sufrir situaciones familiares difíciles, como padres maltratadores. Al no existir otros estudios oficiales, los datos de ACAI permiten hacer una estimación de cuántas menores abortan sin permiso paterno.
En base a ello, la modificación que propone el Partido Popular, tras aparcar la ley de supuestos impulsada por el exministro Alberto Ruiz Gallardón, se limita al 10% de las adolescentes. La reforma que se vota hoy solo deja a estas jóvenes la vía de acudir a la justicia para pedir autorización, una solución harto improbable dada su casuística personal y familiar. Así, se verán forzadas la clandestinidad. Profesionales, asociaciones de mujeres y partidos políticos a excepción del sector más conservador del Partido Popular coinciden en que la consecuencia real de la reforma será la de exponer a las menores más vulnerables a los riesgos sobre la salud de un aborto clandestino, lo cual está muy lejos del objetivo de proteger a las menores que justifica el cambio.
El Partido Popular no ha alcanzado consenso ni entre sus propias filas. Sin embargo, ayer el Gobierno español afirmó que apenas habrá fuga en la votación del Congreso sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular. El sector más conservador del PP cree que la renuncia del Gobierno de Mariano Rajoy a aprobar la ley de supuestos que impulsaba Ruiz Gallardón -que solo permitía el aborto en caso de violación, riesgo para la salud de la mujer y malformación del feto- es un fraude a su electorado. Y es que, la modificación puntual que se debatirá hoy no cambia el actual esquema de plazos de la ley Aído (2010). Los últimos meses, la Iglesia española ha hecho causa común con los grupos provida. Y han sacado sus protestas a la calle como forma de presión al Gobierno. La manifestaciones han contado con cabezas visibles del PP, como la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre. Dentro del partido también hay voces contrarias a la reforma, como la de Celia Villalobos.
En un intento por evitar una imagen de fractura por esta causa, el Grupo Popular lanzó la idea de ampliar su propia reforma para dejar claro que el “aborto no es un derecho”, cuando la ley actual no consagra el aborto como tal sino que habla del derecho a una maternidad libre.
Esta operación de maquillaje dirigida a los diputados provida contrarios a la reforma, apenas duró 24 horas debido a la negativa de este sector a votar a favor de algo que no sea la derogación de la actual ley. La ley Aído impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero contó con el respaldo mayoritario del Congreso. La normativa, homologable a la de cualquier país europeo, permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas y hasta las 22 semanas si hay causas médicas, o en cualquier momento si hay malformaciones fetales incompatibles con la vida.
Todos los grupos políticos a excepción de UPN han avanzado que rechazarán proposición de ley del Grupo Popular que se limita a modificar la Ley de Autonomía del Paciente para restablecer la situación anterior a la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010 que exigirá el permiso familiar. Los seis diputados de Unió Democrática se debaten entre la abstención y el voto a favor. Y está por ver cómo escenifican su rechazo los cinco diputados provida del PP contrarios a la reforma al considerarla “insuficiente”.
Artículo actual. “En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas [...]. Al menos uno de los representantes legales, padre o madre o tutores deberá ser informado de la decisión de la mujer. Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos [...]”.
Propuesta. El artículo propuesto por el Grupo Popular en el Congreso se incluiría en la Ley de Autonomía del Paciente. Así quedaría el cambio: “Para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales. En este caso, los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil”.
