madrid - Euskadi escenificó ayer, junto a otras cuatro autonomías, su rechazo a la supresión del derecho del aborto en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado en Toledo. El Gobierno y las comunidades autónomas debatieron un informe, metido a última hora con calzador por el Ministerio de Justicia, sobre el impacto en la normativa sanitaria del anteproyecto de Ley del Aborto.

Horas antes del encuentro entre las máximas autoridades sanitarias, el consejero del Gobierno Vasco, Jon Darpón, ya había solicitado a la Ministra, Ana Mato, la retirada del punto referido a la Ley del aborto. La petición la realizó en nombre del Gobierno Vasco y a instancias de Emakunde, que ya han manifestado de forma pública y reiterada su rotunda oposición al proyecto de reforma del PP.

"Hemos dejado claro por activa y por pasiva que no existe necesidad alguna de modificar la actual ley. Se trata, pues, de un debate inexistente en la propia sociedad vasca que no estamos dispuestos a alimentar pese a los intentos de avivarlo una y otra vez de forma artificial e interesada, en este caso en el seno del Consejo Interterritorial", subrayó Jon Darpón, quien criticó además el hecho de que "ni siquiera se nos haya remitido información alguna sobre lo que se pretende tratar en relación a ese asunto".

Así, el titular del Departamento de Salud reiteró la apuesta del Gobierno Vasco por una ley que respete el derecho de las mujeres, la dimensión ética de la vida y también la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios.

La futura ley, si no hay modificaciones, será una norma de supuestos, regida por la misma filosofía que la que estuvo en vigor entre 1985 y el 2010, pero con significativas modificaciones que la harán aún más restrictiva que aquella. La obligatoriedad de que la mujer demuestre, por medio de dos médicos, que el embarazo agrava una enfermedad psíquica o física ya existente, es uno de ellos. La incapacitación profesional de los médicos que incumplan la nueva ley es otro ejemplo de esa mayor restricción.

Pero a la negativa expresada por Darpón se sumaron los consejeros de Sanidad de Andalucía, Asturias y Canarias, quienes criticaron que "el Gobierno pida ahora el respaldo del Consejo Interterritorial para darle forma sanitaria a la nueva ley del aborto que nunca se ha abordado desde ese punto de vista".

En concreto, la titular de Sanidad del Gobierno andaluz, María José Sánchez Rubio, manifesto que la propuesta de la nueva ley "vulnera la capacidad de decisión de las mujeres y es un riesgo para su salud, además de que abre la puerta a que los profesionales sanitarios vuelvan a padecer la inseguridad jurídica de la que ya fueron víctimas".

Por su parte, su homólogo en el Gobierno de Asturias, Faustino Blanco, aseguró que el posicionamiento en el CISNS de estas comunidades autónomas es ir en contra de esta reforma, ya que es "un proyecto de ley muy lesivo y la actual normativa no tiene ningún problema de posicionamiento".

Del mismo modo, la consejera de Sanidad de Canarias, Brígida Mendoza, subrayó que el rechazo del Ejecutivo canario a esta medida "ha sido claro desde el primer momento" ya que a su juicio la decisión de abortar "debe ser tomada por la mujer afectada junto a los profesionales", además de que la nueva norma "puede llevar a muchas mujeres a una clandestinidad"

con nocturnidad veraniega Los tres consejeros coincidieron en asegurar que una vez pasadas las elecciones al Parlamento Europeo el Gobierno de España ha hecho que el proceso para hacer efectiva la reforma de la ley del aborto "haya vuelto a coger velocidad". En esta línea se pronunció María José Sánchez, quien aseguró que "no se sabe" cuáles son los motivos por los que el Ministerio de Sanidad ha solicitado el respaldo del CISNS después de que "el trámite legislativo quedara congelado en el último proceso electoral y ahora esté nuevamente cogiendo impulso". Sánchez recalcó que el Ministerio "está retomando el proceso con nocturnidad veraniega", por lo que considera que este debate "se ha impuesto con calzador".

Por su parte, el consejero asturiano puso el acento en que en los últimos diez días ya se ha pronunciado el Consejo Fiscal y el Consejo Nacional de Bioética, en ambos casos "con posiciones divididas", y esta misma semana "se tiene que pronunciar el CISNS y el Consejo General del Poder Judicial". "Da la sensación de que corre mucha celeridad que esta ley pase a los trámites de aprobación", dijo Blanco. - DNA/Europa Press

Colaboración. Los Gobiernos de Euskadi y de Aquitania han creado un grupo de trabajo para intercambiar experiencias y conocimientos entre sus respectivos sistemas sanitarios.

Visita. Una delegación aquitana se desplazó ayer a Euskadi para conocer el funcionamiento de Osakidetza y visitó el Centro de Salud del barrio de Zabalgana donde sus integrantes pudieron comprobar cómo se organiza la asistencia primaria en Euskadi.

Los miembros de la delegación de Aquitania recibieron información exhaustiva sobre el funcionamiento de la 'carpeta sanitaria' vasca, que permite al paciente el acceso a su historial clínico y mantener contacto con el profesional médico.

Los responsables sanitarios vascofranceses también expusieron diversas experiencias llevadas a cabo por su sistema de salud. Posteriormente, los miembros de las dos delegaciones se trasladaron a la sede central de Osakidetza en la capital alavesa donde se les hizo una presentación del programa de telemonitorización de pacientes con patologías respiratorias crónicas.