MADRID. Para ello, la AET ha recurrido al presidente del Tribunal Constitucional y a la Defensora del Pueblo.
El pasado mes de enero, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reguló las campañas de promoción y publicidad de las donaciones de células y tejidos humanos mediante la modificación de un artículo del real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
El objetivo de esta regulación es, entre otras cosas, evitar que se puedan realizar peticiones para un paciente en particular.
Según esta asociación, esas campañas particulares de petición de órganos sirven para ayudar a los demás, por lo que "la ley atenta contra los derechos de libertad de expresión y otros derechos".
Por otra parte, la AET ha recabado el apoyo de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que la asociación se pueda presentar como acusación particular en el juicio que se celebrará en relación con el primer caso de tráfico de órganos en España.
Los trasplantados entienden que "faltan imputados como hospitales o el médico que informó de la huella inmunológica, además de quien permitió que finalmente este delincuente se trasplantara supuestamente de un órgano donado por su hijo".
El pasado mes de marzo se hizo público el primer caso de compraventa de órganos abortado en España, después de que la Policía Nacional detuviera a cinco personas en la Comunidad Valenciana por ofrecer a nueve inmigrantes hasta 40.000 euros a cambio de parte de su hígado, que se iba a trasplantar a un ciudadano libanés.
