GASTEIZ. Las comunidades autónomas deben empezar a aplicar a lo largo del mes de enero el copago de fármacos de dispensación hospitalaria para pacientes que no estén hospitalizados, aprobado por el Gobierno Rajoy el pasado mes de septiembre. Aunque entró en vigor el pasado 1 de octubre, se facilitó un plazo de tres meses para que las administraciones regionales pudieran adaptarse a esta nueva medida. Sólo Ceuta y Melilla la aplicaron tras su aprobación y el resto lo harán a lo largo de enero "con su propio criterio", según informan fuentes del Ministerio de Sanidad. En el caso vasco no entrará en vigor hasta que se resuelva el recurso presentado por el Gobierno Urkullu.

El acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud (SNS) definía que "cada comunidad autónoma tendrá su criterio al respecto (...), el criterio general fue que entrara en vigor, pero cada CCAA lo aplicará con su propio criterio". La medida que debía haberse puesto en marcha el pasado 1 de octubre se topó con la negativa de numerosas comunidades a su implantación. Así Euskadi, Canarias, Andalucía, Aragón, Catalunya, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Baleares afirmaban que no la aplicarían, en muchos casos por rechazo o en otros por problemas para su implantación. Por el momento, la han recurrido mediante un contencioso administrativo Castilla y León y Andalucía, mientras la CAV presentó un recurso de alzada y Canarias ha anunciado que lo recurrirá.

Por el contrario, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y La Rioja, admitían tras el anuncio de la medida que pondrían en marcha su establecimiento al tratarse de una legislación básica estatal; el resto de comunidades manifestaban su imposibilidad inmediata de implantar dicho copago por motivos de gestión en su implantación. La aportación del usuario será de un 10% del PVP del medicamento, con un máximo para este año de 4,26 euros -hasta ahora era de 4,20-, de acuerdo a la Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. La medida ha suscitado desde el primer momento el rechazo de pacientes, médicos y de los distintos grupos de la oposición.