CASTELLÓN. Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, se han intervenido once especies exóticas en los aviarios de los aeropuertos de varias provincias y entre los animales recuperados hay cadáveres de aves rapaces y linces europeos que estaban guardados en un congelador.
La actuación de la Guardia Civil se inició a instancia de la Fiscalía de Castellón a raíz de la aparición, en distintas viviendas particulares y un núcleo zoológico de la provincia, de cinco ejemplares de búho real y uno de águila de Harris anillados con los códigos de una empresa dedicada a los trabajos de cetrería en aeropuertos y a la realización de espectáculos de vuelo y exhibición de aves rapaces.
Los ejemplares localizados carecían de la documentación legal según el convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), por lo que se procedió a su intervención y posterior traslado a un centro de recuperación de aves rapaces.
Tras la intervención, el Juzgado de Instrucción número 3 de Vinaròs solicitó las inspecciones correspondientes tanto del centro de cría de las aves rapaces como de las instalaciones que tiene la empresa para exhibir a dichos ejemplares y los aviarios de distintos aeropuertos a nivel nacional.
En las inspecciones llevadas a cabo, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) detectaron que muchos de los ejemplares que tenía el imputado en sus instalaciones carecían de la documentación legal.
Observaron además que había animales sin marcajes y que otros tenían las anillas abiertas para poder intercambiarlas con otras especies o que no disponían del microchip al que obliga la normativa sobre la cría de estos animales en cautividad.
Además, el centro de cría y el núcleo zoológico inspeccionados por la Guardia Civil carecían de autorización.
Los agentes del Seprona comprobaron también que la documentación relacionada con la cría de estos animales y los documentos de cesión de los mismos habían sido falsificados o firmados en blanco por veterinarios para poder modificar el resto de datos de los ejemplares.
Un vecino de Peñíscola de 67 años ha sido imputado por un presunto delito de contrabando y falsificación de documentos y certificados.
