Vitoria. En la primera mitad de 2013 se ha duplicado el numero de personas necesitadas que ha recurrido a los servicios sociales de base en Gasteiz. Los trabajadores municipales han pasado de recibir a 1.429 vecinos, entre enero y mayo de 2012, a los 2.740 del mismo periodo del presente ejercicio, tal y como denunciaron ayer los grupos de EH Bildu y PSE en la comisión de Función Pública. Según han trasladado los técnicos del Departamento de Asuntos Sociales a los partidos, la situación de colapso en las oficinas de atención se ha visto agravada por la reducción del horario de atención al público, que antes era de 9.00 horas a 14.00 horas y que ahora se termina a mediodía.
Los profesionales advierten además de que la intención del Gobierno municipal de reducir un tercio la jornada -y el salario- de los administrativos sin plaza de funcionario de estos servicios, que en la práctica se traducirá en tres puestos menos en ventanilla, no hará sino agudizar el problema. En cada centro cívico, explicó en ese sentido el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, se ha registrado una media de 100 solicitudes de ayuda que deben pasar por los administrativos antes de recaer en los trabajadores sociales.
Materias como la tramitación de las AES, la ayuda a domicilio o la distribución de vales para el comedor social se ven ralentizadas por la reducción de horarios y el aumento de la necesidad en la ciudad. "En marzo, tras el acuerdo con el PNV, echaron a cinco trabajadores con contratos de programa, y a seis de los servicios sociales de base les dijeron que se iban a la calle, sólo por la presión se echaron atrás", afirmó Fernández de Pinedo, quien también criticó que se haya despedido a cuatro trabajadores de los centros cívicos "mientras se sube el sueldo a otras personas". En ese sentido, en la misma comisión se debatió sobre el complemento de 600 euros mensuales que percibió el alto funcionario Alfredo Piris en su efímero paso por Urbanismo, los dos meses que transcurrieron desde que cesó como gerente de Ensanche 21 y hasta pasar a Promoción Económica. El concejal de Función Pública, Manu Uriarte, afirmó que la trayectoria de Piris avala este complemento.
En lo relativo a la reducción de horarios en los servicios sociales, Uriarte alegaba ayer que pretende precisamente evitar despidos, y aseguró que todas las plazas perdidas se cubrirán con funcionarios de carrera. Según Uriarte, la reducción de horarios y salario a 47 empleados de programa se debe a que el Ayuntamiento ha sufrido una merma muy importante en sus ingresos, y aseguró que las medidas se han adoptado siguiendo criterios "objetivos". El gobierno, asegura, ha medido la carga de trabajo de cada puesto y ha decidido recortar allí donde hay menos labor que en tiempos pretéritos. "Son decisiones dolorosas que me gustaría no haber tomado, sería mucho mejor para mí no haber hecho esto", afirmó el responsable de Función Pública.
Por su parte, la concejala del PSE Maite Berrocal negó que las medidas se basen en estudios objetivos y afirmó que los recortes atienden a "decisiones políticas". La propia concejala de Asuntos Sociales, Ainhoa Domaica, afirmó en su día que la reducción de horarios en su departamento se decidió desde Función Pública, y no desde su departamento, recordó Berrocal.
"Inexplicable agravio" La voz de los técnicos de los servicios sociales no ha sido la única que ha surgido ante la propuesta del PP y el PNV de reducir la jornada laboral a 47 trabajadores municipales y de despedir a 4 de ellos. Los responsables de los centros cívicos vitorianos han firmado una carta en la que alertan de la merma en la calidad de los servicios que prestan como consecuencia de los recortes, que afectan a todos los centros menos al de Lakua-Arriaga. "Manifestamos nuestro desacuerdo", reza la carta de los directores de los centros, que ya en febrero advirtieron en un informe de que no sobra nadie en estas instalaciones. De forma paralela, los responsables de la atención sociocultural denuncian que es un "inexplicable agravio" el hecho de que los despidos se produzcan en su área cuando en otros casos se aplican reducciones de jornada. Uriarte alegó que esa situación se produce porque se ha dado prioridad a los servicios sociales.
Según Fernández de Pinedo, una de las personas despedidas, con veinte años de experiencia, no supo que estaba en la calle hasta que el pasado martes se reincorporó a su puesto y vio, en un correo electrónico, que su baja se había adelantando una semana. Por ello ha transmitido su queja ante "las formas" con que se ha tramitado su cese.
Por otra parte, el comité municipal de trabajadores ha convocado un "encierro masivo" en la sala Espacio Ciudad de la calle San Prudencio para hoy, y mañana viernes se manifestará frente al Ayuntamiento a partir de las 10.00 horas, cuando se celebrará el Pleno. Los trabajadores afectados por los recortes, que iban a participar en el turno popular, han decidido finalmente no asistir.