vitoria. Lo que para muchos funcionarios del Ayuntamiento de Vitoria ha sido un burdo enchufismo, a ojos del gabinete de Javier Maroto resulta un impecable proceso de contratación. Por eso al final ha decidido responder a la campaña de denuncia interna realizada por empleados municipales -a través de mails informativos y una exitosa recogida de firmas- para defender la contratación de tres trabajadoras externas de la empresa SIC como coordinadoras del servicio de atención ciudadana. Eso sí, lo ha hecho por boca del presidente del tribunal calificador de este polémico proceso selectivo, quien justifica que la bolsa se hubiera restringido a las empleadas de esta subcontrata, que las pruebas fueran más sencillas que las de una oposición al uso y que el perfil lingüístico de las elegidas sea el más bajo de todos.
Las explicaciones responden punto por punto a las críticas, empezando por la controversia que han generado las pruebas del proceso. "¿Habéis estudiado mucho para conseguir un puesto de funcionario? ¿Rememoráis los fines de semana, con las leyes delante, los nervios del examen y la espera interminable de los resultados?", pregunta el mail que circula entre los funcionarios. Según desvelan desde la plantilla, en este caso lo que hubo fue una prueba teórico-práctica sin temario específico, compuesta por dos preguntas "muy básicas" para quienes han ejercido las labores de atención ciudadana a través de SIC y una dinámica de grupo en la que las candidatas defendían posturas distintas en una simulada reunión de vecinos. Hasta para los puestos de limpieza, dicen desde la plantilla, la exigencia es incomparablemente mayor.
El presidente del tribunal, y también responsable técnico de este tipo de procesos, alega que "los tiempos cambian", que hoy en día "se necesitan personas con capacidad de hacer, no de memorizar, y las pruebas se diseñan para evaluar competencias como el saber hacer y el querer hacer". Aunque las oposiciones sigan siendo las de siempre, el PP replica ahora a través de este profesional que "estar durante meses o años memorizando abigarrados textos normativos, la mayoría de dudosa utilidad práctica y que en el futuro siempre se modifican, no garantiza que se sepa desarrollar un trabajo, menos aún si la forma de medir esa capacidad memorística es con una prueba cargada de ansiedad". Además, asegura que todas las convocatorias de listas de contratación carecen de un temario al uso.
El correo-cadena de los funcionarios lamenta cómo otros hincaron los codos para que luego el PP "regale" plazas de funcionarios interinos del grupo B por "2.000 euros netos al mes sin esfuerzo alguno". Una afirmación a la que el otro bando responde metiendo el dedo, advirtiendo de que los procesos selectivos "intentan evitar que personas que piensen así ocupen los puestos de trabajo, que se dediquen a cobrar por lo que un día ganaron con sudor y lágrimas". "Obtener una plaza en la función pública, sea esta fija o interina, no es un derecho a vivir de lo público, es estar dispuesto a trabajar y asumir una responsabilidad de servicio al público", sostiene el técnico.
Las bases del proceso selectivo también han alimentado la polémica por su restricción. "Se ha limitado la participación a los trabajadores de SIC al establecer como requisito indispensable para concurrir experiencia en atención integral al ciudadano, una experiencia que sólo podían acreditar ellos con un certificado de esta empresa privada", advierten en el mail empleados municipales. Es una cortapisa cuando menos curiosa, teniendo en cuenta que el plan original del equipo de gobierno pasaba por rescindir por completo el contrato con la subcontrata SIC para que todas las funciones del 010 y del servicio de atención ciudadana en los centros cívicos pasara a ser asumida por los oficiales de control. Con todo, el presidente del tribunal alega que esos oficiales de control "están motivados pero no preparados" para una labor de coordinación y que el Ayuntamiento "no cuenta con personal cualificado para formarlos".
Tras el proceso de selección, se aplicó la baremación de méritos en función del perfil lingüístico. Pero resultó que, según denuncian los funcionarios, "las tres primeras de la bolsa sólo lograron certificar el PL1, pese a ser cargos de responsabilidad y de supuesta atención directa al publico". El responsable técnico del procedimiento replica que "estamos hablando de puestos de programa, por lo que el perfil no es exigible salvo que se especifique lo contrario". No obstante, llama a la calma y asegura que "es demostrable" que las tres elegidas para los nuevos puestos "han realizado funciones de atención ciudadana en ambos idiomas".
Los cruces de mails evidencian que no hay posibilidad de entendimiento. El de los empleados municipales insiste en que el PP ha regalado sueldos públicos de plazas destinadas a funcionarios "sin rubor alguno, con un ejercicio de parvulario", en plena crisis, por un coste de alrededor de 200.000 euros, mientras se destruyen otras plazas de programa. El que respalda el equipo de gobierno reitera que esas tres personas fichadas "han demostrado el conocimiento adquirido en una dilatada práctica profesional". Asegura que el examen no sería tan sencillo si "el 70% no pasó" y vaticina que en el futuro esos tres puestos pasarán a formar parte de la estructura municipal. Entonces los funcionarios podrán aspirar a ellos. Pero el entonces no calma la indignación de los denunciantes. Para ellos, han sido contratos "por la puerta de atrás".
