Vitoria. La estrategia del Ayuntamiento de Vitoria para perseguir a quienes deben dinero pero no pagan, ya sea por desconocimiento o mala fe, ha dado grandes frutos. El Consistorio ha recaudado 7,99 millones de euros con el plan de lucha contra el fraude fiscal puesto en marcha el año pasado, gracias a la incorporación de nuevas tecnologías y la coordinación con otras administraciones. La cuantía recaudada supone un incremento del 22,26% respecto a la previsión de los técnicos municipales y, lo que es mejor, todavía seguirá creciendo, ya que queda por ejecutar una cuarta parte de las acciones contempladas en la hoja de ruta.

Seguramente el Ayuntamiento podría haberse enfrentado a quienes evaden el pago de sus impuestos bastante antes, aunque el más vale tarde que nunca viene muy a cuenta cuando la crisis aprieta. Ahora que merma la entrada de dinero en las instituciones, cualquier fórmula nueva para minimizar el panorama es bienvenido. El alcalde de Vitoria, de hecho, cree que sólo hay dos opciones si se quieren aumentar los ingresos: "Subir los impuestos, que no va conmigo, o luchar contra el fraude, que es algo muy importante y en lo que aquí había mucho que hacer". Y por esta segunda vía es por la que ha decidido tirar, depurando muy especialmente los procesos para la obtención de las ayudas sociales pero también, por fin, combatiendo las estafas cometidas en el ámbito fiscal.

Los casi ocho millones recaudados e incluidos ya en el Presupuesto responden, por un lado, a la detección de nuevos hechos impositivos y, por otro, a la mejora de la eficiencia en el cobro de las deudas. De estas dos líneas de actuación, la primera es la que más dinero ha dejado: 5,2 millones, un 20,18% más de lo previsto, por parte de empresas o ciudadanos particulares que no declaran o declaran parcialmente, ya sea a propósito o por ignorancia. Dentro de este apartado, destacan los 3,2 millones de plusvalías por herencias y los 912.000 euros del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), correspondientes a compañías que facturan más de dos millones de euros al año y que declaran por menos actividades de las que ejercen o por una superficie inferior a la real.

La segunda pata clave del plan, la mejora de la eficiencia en el cobro de las deudas, camina de la mano de la Diputación. "A veces el Ayuntamiento podía saber quién le debía dinero, pero no disponía de las herramientas para cobrar al moroso", explicó Maroto. Gracias a la coordinación interinstitucional y mediante la informatización del sistema se han obtenido 2,774 millones, un 26,39% más de lo esperado, ya sea a través de la revisión de las bases de datos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o la optimización de los procedimientos de la vía ejecutiva.

La cruda realidad de la crisis obliga, no obstante, a crear soluciones para el pago gradual de las deudas. El Ayuntamiento permite "fraccionar" las obligaciones fiscales que la ciudadanía tiene con la Administración. Una alternativa que, según Maroto, hace que "la situación de un moroso deje de ser motivo para declararse como tal". O sea, que no hay excusas para demorarse en el cumplimiento de los compromisos.

"Tolerancia cero al fraude fiscal. Si lo evitamos conseguimos que el Ayuntamiento tenga más capacidad de gasto sin subir los impuestos para atender las prioridades de la ciudad", apostilló el primer edil. Esos casi 8 millones permitirán "que algunas de las partidas del gasto del Presupuesto de este año sean realidad". Además, éste es "un plan vivo" que continuará hasta 2015, añadiendo a las acciones ya ejecutadas las medidas que están pendientes. Buenas nuevas para la debilitada hucha local.