BILBAO. "No me gustaría que tuviéramos que vernos más en la calle, ni protestando por nada, y lo que ahora es exigible a quienes tienen la responsabilidad política es que se empiecen a dar pasos atrás, una involución en estas medidas tremendamente conservadoras, negativas, nefastas para derechos y regresivas en lo que es un mínimo progreso humano y social", ha afirmado en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press.

En referencia a la problemática de los desahucios y a la actual Ley Hipotecaria, Biurrun ha considerado que es "un absurdo que alguien entregue el bien hipotecado con el que estaba garantizando su deuda y eso no sirva para satisfacerla".

"Cuando los ciudadanos consideramos que algo es absurdo y carece de lógica, eso es así, porque realmente lo que carece de lógica, por mucho que esté bendecido por las prácticas bancarias y por las leyes, yo como jueza, no puede decir que no lo voy a cumplir, pero la ciudadanía, si lo ve absurdo. Hay que cambiar algo", ha afirmado.

A su entender, "no ha habido cambios sustanciales", sólo "una pequeña moratoria que ya se había intentado a través del código de buenas prácticas bancarias que realmente sirvió de muy poco, porque era voluntario".

Asimismo, ha indicado que hay "otra medida de protocolo que se ha adoptado en el seno de la Justicia vasca, para tratar de facilitar con una pequeñísima moratoria que las personas puedan hacer una oposición mínimamente eficaz, dentro del proceso de ejecución hipotecaria, pero nada más".

"POCO MÁS"

Según ha afirmado, "desde la Justicia se puede hacer poco más, pero ha sido gran cosa el aldabonazo que se ha dado aviso de que esta Ley Hipotecaria es ya insoportable desde el punto de vista de los derechos constitucionales de la ciudadanía".

"Con ese aldabonazo hemos cumplido nuestro papel y este protocolo que se ha dado en la Justicia vasca es importante, pero ahora toca a quien legisla abordar la cuestión de la reforma procesal y de la Ley Hipotecaria en cuanto a lo que es el núcleo del préstamo hipotecario", ha manfiestado.

ERES

Tras reconocer la existencia de una "innegable situación de grave crisis económica y de consumo, y por tanto, de grave crisis de la producción de todo tipo de bienes y servicios", la magistrada ha considerado que la reforma laboral, "por la estructura que tiene y por las modificaciones legislativas que ha introducido, ha facilitado muchisimo que se promuevan EREs".

"Y, sobre todo -ha añadido-, ha inoculado en la clase empresarial, en la patronal española, la idea de que se había abierto una ladera de una manera todavía mayor que antes, para que los EREs, de extinción sobre todo, pudieran prosperar".

Según ha dicho, con la reforma laboral se ha intentado "facilitar y rebajar la intensidad de las causas para poder despedir, aligerar tramites y hacer más rápida la tramitación de los EREs, con la desaparición de la autorizacióna administractiva y, sobre todo, se ha intentado que el control judicial sea menos intenso".

Sin embargo, ha subrayado, "eso no significa que realmente el efecto sea de desprotección, porque los tribunales, evidentemente, no pueden dejar de ejercer su función jurisdiccional, que es la de juzgar, y, en este caso, es la de juzgar si existe o no causa justa para que se produzca una extinción colectiva de contratos".

"COLAPSO"

Biurrun que la Sala de lo Social del TSJPV que preside tiene "un número de asuntos perfectamente razonable y es capaz de responder en tiempos verdaderamente rápidos, tanto en vía de recursos como de instancia cuando vemos los ERES", pero ha señalado que en los juzgados de lo Social "sí hay riesgo severísimo de colapso, tanto en los juzgados de Bilbao como de Gasteiz, pero, sobre todo, los de Bilbao están al borde del colapso".

En ese sentido, ha recordado que hace tres años que han pedido que en Bilbao se creara un nuevo juzgado, el úndecimo juzgado de lo Social, pero no se ha hecho "y menos se va a hacer en estos momentos de recorte de servicios públicos".

"Esperemos que haya algunas medidas de refuerzo que puedan dar resultados positivos, pero mucho nos tememos que no porque los recortes siguen, se ha eliminado la justicia interina prácticamente, las vacantes en los juzgados ni siquiera se van a cubrir, de manera que la situación es muy complicada, mientras que el número de demandas también ha crecido muchísimo y el número de demandas por despidos ha crecido en torno a un 60 por ciento y, por lo tanto, la situación es complicada", ha advertido.

Por ello, la presidenta de la sala de lo Social del TSJPV ha asegurado que "se responderá, pero con más lentitud y una dilación que no nos gustaría en modo alguno".

TASAS JUDICIALES

Sobre la pago de tasas judiciales, Biurrún ha precisado que no van a liquidar las tasas "de ninguna persona trabajadora durante un cierto tiempo nada más", porque "intentamos tasar dos normas, la Ley de Tasas 10/12 y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita del año 1996".

Según ha explicado, la primera "exime del abono íntegramente de toda la tasa a las personas que hayan obtenido el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita" y la segunda, "que todavía está en vigor porque no ha sido sustituida por una nueva ley aunque parece que ya se ha empezado a tramitar una, establece que las personas trabajadoras, todas ellas, tienen automáticamente el derecho a litigar gratuitamente en al jurisdicción social".

Por lo tanto, ha indicado, lo que han hecho es "interpretar que, en tanto no se modifique la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, dado que la ley de tasas no deroga expresamente esa ley, todavía las personas trabajadoras disfrutan de ese derecho de litigar gratuitamente y, por lo tanto, están exentas del abono de la tasa". Sin embargo, ha subrayado que "si hay una nueva Ley de Asistencia Jurídica que diga otra cosa habremos de lidiar con ello".

Biurrún ha manifestado que la finalidad de la Ley de Tasas es doble: por un lado "recaudatoria" y, por otro, "disuasoria, habida cuenta que los órganos judiciales también se van a ver recortados". A su juicio, "lo que se pretende por esa vía es disminuir el número de asuntos que llegan a los órganos judiciales y, por eso, son unas tasas tan absolutamente elevadas que mucha gente no va a poder pagar o no va a querer, evidentemente, pagar porque le va salir más cara la salsa que los caracoles".

Según ha señalado, "una persona trabajadora, si se reforma la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, para interponer un recurso de suplicación va a tener que pagar unos 400 euros, una cantidad que no se va a recuperar se pierda o se gane".

Por último, también se ha referido a la anulación por parte de un juzgado de Amurrio de los intereses que varias entidades aplicaban a sus clientes por retrasarse en los pagos de sus créditos, para afirmar que el de la banca ha sido "un sector absolutamente descontrolado" y las normas han sido "manifiestamente insuficientes para controlar la actividad bancaria".