vitoria. Ninguna administración ha hecho estudios rigurosos sobre el número de desahucios -y de familias a punto de caer en esta situación- que se producen cada día en el Estado. Sólo el Consejo General del Poder Judicial publica los datos, puramente estimativos, que maneja, y por eso la dimensión real del problema de la gente que se está quedando literalmente en la calle es una incógnita. Han tenido que llegar a las portadas de los periódicos tres suicidios -ha habido más, pero sin eco mediático- para que los partidos mayoritarios se decidan a ocupar parte de su tiempo en este drama, para que la lenta maquinaria administrativa eche a andar en esta materia.
Stop Desahucios en todo el Estado, y particularmente Kaleratzeak Stop Araba en el territorio alavés, llevan muchos meses advirtiendo sobre la imperiosa necesidad de hacer algo con respecto a la escalada de lanzamientos que se está produciendo, pero es que, en el caso concreto de Álava, los propios afectados no han tomado conciencia como colectivo hasta hace muy escasas fechas. Hasta el pasado verano los medios de comunicación alaveses daban cuenta de situaciones muy contadas -aunque no por ello menos graves- de familias en peligro de desahucio. Mujeres mayores que avalaron a sus hijos, jóvenes separadas con niños pequeños a su cargo; los perfiles clásicos se cumplían pero los casos tenían nombres, apellidos y rostros concretos. Kaleratzeak Stop Araba nació el pasado mes de junio y en dos meses apenas se acercaron dos personas por su sede de la calle Cuchillería para pedir asesoramiento.
Hoy la situación ha cambiado. Desde septiembre atienden de dos a cuatro casos semanales, lo que, como explica su portavoz, Haimar Sáenz de Buruaga, empieza a desbordarles. La plataforma comenzó a trabajar con un abogado guipuzcoano hasta que una joven estudiante de Derecho de la capital alavesa empezó a revisar los casos. Sin embargo, y aunque en las últimas fechas una letrada se puso en contacto con la plataforma para ofrecerse a trabajar como voluntaria, el volumen de actividad es inmanejable.
Recientemente, Stop Desahucios Bizkaia explicaba a DNA que el carácter reservado de los vascos y la vergüenza al qué dirán habían soterrado el problema en la CAV. Kaleratzeak Stop Araba señala ahora que la repercusión que este problema ha ido ganando en los medios de comunicación en general -que abordaron la cuestión bastante antes que los políticos- ha dado a conocer a la plataforma, y lógicamente sucesos como el acaecido la pasada semana en Barakaldo han terminado por hacer estallar una olla a presión que venía calentándose desde hace cuatro años. Los afectados dejan de ocultarse y así se refleja en las oficinas de Kaleratzeak Stop. La sensación, a día de hoy, es de emergencia social.
No en vano, son ya varios los ayuntamientos que van a prohibir a sus policías locales que colaboren en los desahucios, y otros consistorios cancelan sus cuentas con las entidades que optan por los lanzamientos. Por otro lado, el Tribunal Europeo de Justicia avisa de que la legislación española no protege al consumidor ante las cláusulas abusivas, lo que da pistas sobre el sentido de una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que se conocerá en breve.
Mientras, en el Congreso de los Diputados PP y PSOE analizan a marchas forzadas como contener la sangría mediante modificaciones legales y las entidades financieras se muestran dispuestas a tomar medidas con carácter general. A título individual, las delegaciones de Stop Desahucios en las diferentes comunidades autónomas han negociado muchos casos con los bancos y se ha llegado a acuerdos para evitar dejar a la gente en la calle. Por ello es fundamental no ocultar el problema y buscar asesoramiento antes de que el desalojo sea irreversible.
