Vitoria. Hay negociaciones que desde que surgen acaparan titulares. Otras, en cambio, avanzan con sigilo en busca de acuerdos. Entre éstas, se enmarca el proceso de conversaciones abierto entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, responsable de la cárcel de Zaballa -oficialmente denominada Centro Penitenciario Araba/Álava-, y los del Consorcio de Aguas de Iruña de Oca, que es la entidad encargada de suministrar el líquido elemento al penal. El caso es que entre ambas se había abierto una sima de malentendidos que llegó a materializarse en la acumulación de facturas impagadas por valor de alrededor de 30.000 euros, que han ido incrementando durante más de nueve meses el debe del presidio, que estaba descontento con la tarifa impuesta en concepto de abastecimiento de agua. Ante tal situación, ambas partes decidieron negociar para tratar de llegar a un consenso satisfactorio. Al parecer, éste podría existir ya en formato de último borrador, que esperaría a la firma por parte de los rectores del centro carcelario la próxima semana para convertirse en documento oficial y cerrar así este episodio de desencuentros.

Tal y como ha podido constatar este diario de fuentes del Consorcio de Aguas de Iruña de Oca -participado en su dirección y administración por las juntas administrativas del municipio en el que se enclava Zaballa (Iruña de Oca), el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Álava-, el acuerdo con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias depende de matices meramente administrativos, ya que la voluntad de consenso es firme entre ambas partes. Ésta se materializará oficialmente en un convenio que, previsiblemente, se suscribirá la próxima semana. Aparte, mientras eso sucede, desde el organismo encargado del abastecimiento al presidio se procederá a publicar en los boletines pertinentes el precio pactado para el cobro del metro cúbico de agua. Éste, según los mismos portavoces, incluirá el agua y conceptos como la depuración y el saneamiento, circunstancias que elevarán el precio a satisfacer por la cárcel hasta los 1,7 euros el metro cúbico. Lógicamente, tras alcanzar un punto común, se espera que desde Secretaria General de Instituciones Penitenciarias se dé curso al pago de todos los atrasos y a la puesta al día de los impagos acumulados.

Una vez que estos se abonen se pondrá punto y final a un cúmulo de desacuerdos en los que las posturas aparecían enconadas. Según el presidente del Consorcio, que lo es además a su vez de la Junta Administrativa de Trespuentes, Davide di Paola, al final se ha logrado el consenso necesario tras analizar las fórmulas que existen en las relaciones de otras cárceles con las entidades que se encargan de suministrarlas agua. Así, finalmente, desde el Consorcio se decidió crear una nueva mención para entidades públicas y descartar otras posibilidades, como la solicitada desde Instituciones Penitenciarias, que pretendía convertirse en parte consorciada.

Hasta ahora, la disparidad de criterios sobre la tipología de la tarifa a aplicar había impedido el cobro efectivo de las facturas. Sobre el particular, Di Paola estimaba que los recibos no cobrados respondían a "incomprensiones" entre los rectores de la cárcel y los del citada entidad. Al respecto, desde Instituciones Penitenciarias se indicó a este periódico que no existían "impagos ya que ni siquiera se han emitido facturas". En cualquier caso, la tarifa impuesta en un primer momento era muy elevada, hasta el punto de casi triplicar el precio que se aplicaba a las localidades a las que se sirve el agua. Según las fuentes consultadas en Instituciones Penitenciarias, las tarifas impuestas a la cárcel ascendían a 1,43 euros el metro cúbico -sólo en materia de suministro-, cuando otras entidades de la comarca estaban pagando 0,50 euros.