Vitoria. Cuando Juan Carlos y Milena firmaron su contrato para acceder a un piso social de Vitalquiler, el programa de arrendamientos sociales de Caja Vital, los dos tenían trabajo. Sin embargo, la crisis atropelló también a esta pareja y sus tres hijos y Juan Carlos se vio en la calle. La familia dependía de los ingresos de Milena, que trabaja a media jornada, y el dinero no llegaba para pagar el alquiler, de más de 600 euros. A primer ahora de esta mañana esta familia se verá las caras en los juzgados con los responsables de la Vital, que les reclama intereses de demora pese a que ya han abandonado el piso y a que los 2.400 euros de fianza que entregaron en su día siguen en manos de la caja. De ese fondo han tenido que pagar "60 euros por el cambio de una bombilla de la campana extractora y 80 por un radiador del baño que estaba pelado".

Kaleratzeak Stop Araba se ha hecho cargo del caso y asesora a Juan Carlos y Milena, que como recurso de última hora se han instalado en un piso de emergencia social del Ayuntamiento.

"A principios de año teníamos una deuda considerable, uno o dos meses sin pagar el alquiler, me puse en contacto con Vitalquiler para llegar a un acuerdo, una revisión de nuestros ingresos brutos -se supone que el alquiler social no debe ser superior al 30% de esos ingresos-, o ir a un piso más pequeño. Ellos me dijeron que ingresara lo que pudiera para ir saldando poco a poco la deuda. Fui metiendo 200, 300 euros, y la sorpresa mía fue que de un día para otro me dieron diez días para desocupar el piso o me mandaban a la Policía y me iba a la calle con una orden desahucio", relata Juan Carlos. Cuando fue a reclamar le dijeron "que esto es una empresa y que ellos actúan como tal".

La pareja se vio en una situación angustiosa -"teníamos miedo de que nos quitaran a los niños, estábamos desesperados, sin saber adónde acudir"-, explica Juan Carlos, que veía como las puertas de las instituciones se les cerraban. La intermediación de Kaleratzeak Stop ha dado eco a su caso y les ha permitido acceder al piso de emergencia social, pero su caso no es único. Según informaba ayer Europa Press, en Euskadi se acordaron en el primer semestre del año 1.111 desahucios, 185 de ellos en territorio alavés.