El peritaje judicial por la expropiación para el CTV agrava el 'agujero' hasta los 24 millones

Las instituciones que componen el accionariado del complejo logístico, fundamentalmente la Diputación de Álava en casi la mitad de la participación, se enfrentan a la decisión de la Junta de Expropiación, un órgano pericial que ha determinado que la factura a pagar a los propietarios expropiados asciende a la friolera de 24 millones de euros, incluso 7 millones por encima de la tasación inicial.

El auto en el que se determina esta cantidad esta datado con fecha de este próximo lunes 1 de octubre, cuando empezará a correr el plazo de cinco días que tienen los accionistas del polígono para apelar la cuantía final del precio a pagar. Éste, en cualquier caso, se acercará a una cantidad que, como poco, duplicará el precio actual de mercado de los terrenos en cuestión, tal y como consideró en su momento uno de los tenientes de alcalde del Ayuntamiento gasteiztarra, el popular Fernando Aránguiz, que valoró los mismos en alrededor de nueve millones.

Esta tasación es el último episodio de una decisión judicial que amenaza ahora con poner en jaque la estabilidad financiera de las instituciones que dan formato al accionariado del citado CTV. El auto del Tribunal Supremo emitido a principios de este año -firme e inapelable- socializaba el pago del precio de la compensación por la expropiación según el porcentaje del accionariado del polígono. Es decir, los 24 millones de euros, o en su defecto, la cantidad que se decida finalmente, se deberá satisfacer entre la Diputación alavesa, a través de Álava Agencia de Desarrollo, que costeará el 44,78% de lo que se decida. El Ayuntamiento de Vitoria, por su parte, tendrá que pagar el 7,41%; SEA Empresarios Alaveses, el 0,45%; la Cámara de Comercio de Álava, el 9,06%; Caja Vital -ahora Kutxa-, un 26,95%; y el Gobierno Vasco, el 11,35% restante. Al respecto, fuentes forales consultadas por este diario reconocían ayer que la sentencia va a causar un quebranto financiero serio en unas arcas ya de por sí castigadas por los efectos desbordantes de la crisis económica que impera por estos lares.

Dicho quebranto responde al desarrollo del auto del Tribunal Supremo. Éste decidió en su momento dar la razón a los propietarios de las parcelas expropiadas en su afán por recibir una compensación adecuada por las que fueran sus propiedades. Lo que ocurre es que la sentencia del alto tribunal no estableció la cuantía de la compensación a recibir por aquellos. Ahora que la sentencia se encuentra ya en proceso de ejecución es cuando ha entrado en juego la Junta de Expropiación, que ha decidido establecer el precio de los terrenos en los citados 24 millones y los cinco días para conocer las alegaciones de los damnificados.

Las novedades en este varapalo judicial a los intereses institucionales en el caso de la expropiación de los terrenos del CTV aseguran que ninguno de los accionistas del polígono quedará al margen de la sentencia del Supremo. Cada uno de los miembros deberá contribuir con el mismo porcentaje que controla dentro del centro. Y eso, pese a que en el proceso, cada institución intentó desligarse del pago haciendo responsable legal del mismo a los accionistas mayoritarios, y estos, al mismo CTV.

Historia de una expropiación En cualquier caso, la expropiación que dio origen al proceso judicial tuvo lugar en 2001. El CTV quería expandirse y se recurrió a varias fincas anexas para reunir un total de 200.000 metros cuadrados. Varios de los titulares impugnaron el precio marcado en la operación y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) falló en su contra. Pese a todo, los responsables del centro habían realizado una reserva de fondos de algo menos de tres millones de euros por si se torcían legalmente las cosas, algo que no sucedió en primera instancia.

Sin embargo, y a pesar del elevado coste que ello representa, los recurrentes acudieron al Tribunal Supremo y, contra todo pronóstico, le dieron la vuelta a la situación. La sentencia echó por tierra la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y obligó a los responsables de la expropiación a pagar una cantidad que desde la Junta de Expropiación se cifra ahora en 24 millones.