vitoria. El Gobierno Vasco aprobó ayer el decreto que, a priori, garantizará la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público "para todas las personas que residan en Euskadi" y que mantiene los niveles actuales de aportación en el pago de los medicamentos, por lo que deja sin efecto el copago farmacéutico impulsado por el Gobierno central y que entrará en vigor este próximo domingo, 1 de julio. La norma también incluye la exención de pago para los pensionistas, los parados sin prestación y añade a ésta a los demandantes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Así lo anunció ayer el consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa, tras el habitual Consejo de Gobierno de los martes, que sirvió para dar el visto bueno a esta nueva norma. Pese a que el Ministerio de Sanidad considera que la legislación estatal es de obligado cumplimiento, el decreto vasco justifica su aplicación en Euskadi basándose en las competencias que le otorga el Estatuto de Autonomía y en que la CAV cuenta con "suficiencia financiera" para hacer frente al gasto suplementario que supondrán estas medidas respecto al conjunto de España.

El decreto establece que en Euskadi los pensionistas no tendrán que pagar el 10% del coste de los medicamentos en función de sus ingresos como en el resto del Estado. Respecto al conjunto de la población activa, los vascos seguirán costeando el 40% del coste farmacéutico, como hasta ahora, mientras que en el conjunto del Estado ese porcentaje sólo se aplicará a quienes ganen menos de 18.000 euros. El decreto vasco sí incluye, como el español, la gratuidad de los medicamentos para los parados que no perciben subsidio, pero añade que también estarán exentos de pagar las medicinas los perceptores de la RGI, una medida que en España no está prevista.

Todos los detalles del decreto serán expuestos por Bengoa mañana en una nueva rueda de prensa, una vez que hoy se aclaren algunas dudas en el Consejo Interterritorial de Salud que se celebra en Madrid entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

En el resumen del decreto entregado ayer se especifica que tendrán acceso a las prestaciones sanitarias públicas todas las personas que figuren en el Sistema Nacional de Salud (SNS), las que tengan tarjeta de identificación sanitaria expedida en Euskadi antes de la entrada en vigor del real decreto del Gobierno central, así como las que estén empadronadas un año antes de haber presentado la solicitud, los perceptores de la RGI y los que no tienen acceso a otro sistema de protección sanitaria pública. También se concreta que si un residente vasco compra un medicamento en una farmacia ubicada fuera de Euskadi, tendrá derecho a que el Departamento de Sanidad le reembolse la cantidad de más que haya pagado.

Bengoa desveló que, de las 200.000 personas que no pagaban por sus medicamentos en España al figurar erróneamente como pensionistas, dato aportado ayer por la ministra de Sanidad, Ana Mato, 16.000 son residentes vascos. Al respecto, el consejero anunció que esta situación anómala "se va a corregir", aunque advirtió de que no todos son casos de abusos.

Bengoa, además, consideró que es "bastante irreal pensar que el 1 de julio, no sólo en Euskadi sino en el resto de comunidades, vaya a poder ponerse en marcha el mecanismo necesario para garantizar un buen servicio en las farmacias".

El consejero reconoció que espera que este decreto genere "como mínimo suspicacias" y criticó que las medidas del Gobierno central suponen "ir hacia atrás en relación a los derechos adquiridos en todo el terreno de bienestar social porque hay una crisis económica".

"Si otras comunidades lo aceptan es asunto suyo, nosotros no vamos a aceptar esa lógica y tenemos una justificación legal y la competencia de la Sanidad interior que nos legitima", insistió.