Vitoria. LOS partidos políticos -no todos, no siempre con la misma intensidad- manejan dos programas de Gobierno cuando concurren a las elecciones, el que presentan en la campaña y el auténtico. Habitualmente, en la agenda real de las formaciones con aspiraciones de poder figuran aspectos aparentemente secundarios, pero que los políticos consideran vitales por ideología o servidumbre, y que pueden dejarse entrever antes de la cita electoral, pero nunca en su dimensión e importancia auténticas.

Algo así sucede con la política energética, y prueba de ello es que las primeras decisiones que tomó el Partido Popular nada más llegar a La Moncloa, con cinco millones largos de parados esperando algo, lo que fuera, y el país endeudado hasta límites insoportables, fueron decisiones relativas a la energía. El inicio de los trámites para prorrogar la actividad de la central de Garoña y el fin de las subvenciones públicas a las energías renovables son, en ese sentido, actuaciones estratégicas clave, y más en tiempos de gravísima crisis económica, cuando el dinero se va a ámbitos seguros como la alimentación, el oro y por supuesto la energía, viga maestra en la capacidad soberana y económica de los estados.

La apuesta energética del PP pasa por continuar con la nuclear como fuente de electricidad abundante y limpia -en cuanto a emisiones, otra cosa son los residuos radiactivos-, por no instalar molinos mientras no sean rentables económicamente por sí mismos -liberalismo puro y duro, se esté de acuerdo o no- y por estirar la era de los hidrocarburos, que sí emiten gases de efecto invernadero, hasta rebañar la última gota de petróleo o gas. Se trata, básicamente, de primar el estímulo a la industria y la creación de empleo sobre esa base por encima de la eficiencia energética y la sostenibilidad como fines en sí mismos. Por ello, la pretensión de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 30% para 2020 supone un lastre que llevó al PP a abstenerse en la votación de una iniciativa que en ese sentido se presentó en el Congreso antes del 20-N.

La búsqueda de hidrocarburos en suelo patrio es una parte sustancial de esa nueva política energética, y así, se pretende inyectar gasolina y gas natural -y todo el movimiento industrial que acarrea su extracción- en la economía, para ponerla en marcha de una vez por todas mientras se elimina el lastre del ladrillo. Así se lo explicaron a un representante del ecologismo alavés que hace escasas fechas se acercó por el Ministerio de Industria para conocer de primera mano cómo va esa fiebre del oro negro y gaseoso que el PP impulsa y aplaude, pero que se lleva planificando desde hace al menos media docena de años, cuando empezaron a concederse permisos de investigación por todo el Estado.

La fractura hidráulica, el fracking, juega un papel fundamental en esta nueva política, por cuanto permite sacar hidrocarburos donde antes no se podía o no era rentable. En Álava, por ejemplo, se viene perforando el suelo desde hace décadas, pero las técnicas tradicionales, pinchar y esperar a que salga el gas, nunca han sido provechosas en el territorio.

Esta vez la apuesta va en serio y noticias como las que llegan desde Argentina demuestran que lo que antes no daba dinero ahora sí lo hace, o al menos es potencialmente rentable. En toda la costa mediterránea, buena parte de la cantábrica y en los valles del Guadalquivir y el Ebro, en el Pirineo y en Canarias, hay decenas de permisos de investigación de hidrocarburos en distintas fases administrativas. En Euskadi, aunque toda la atención mediática se está centrando en dos pozos exploratorios que el Gobierno Vasco quiere abrir en el municipio de Vitoria, por ser el proyecto más avanzando, hay una quincena de permisos solicitados o ya vigentes.

Denuncia de equo Ayer Equo dio a conocer la decisión del Gobierno central de desestimar sus recursos a los permisos Urraca y Libra, en parte en suelo alavés, y Géminis, en la costa vizcaína. En principio no se explicita que se pretenda aplicar el fracking en estos espacios, que afectan a comarcas y municipios como Valdegovía, Ribera Baja, Berantevilla y Armiñón, pero las adjudicatarias conocen y aplican esta técnica en otros lugares. Por otro lado, todos estos permisos únicamente conceden a las empresas que los piden la exclusividad para explorar en la zona propuesta, pero luego cada pozo precisa su autorización específica.

Al margen de los permisos recurridos por Equo y el de Gran Enara, en Álava hay otras áreas subrayadas en rojo como futura fuente de extracción de hidrocarburos. Se trata del permiso Ebro E, que abarca los municipios de Laguardia, Oion y Lanciego y en el que, como en Gran Enara, participa el Gobierno Vasco a traves de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Shesa. Además, entran en el territorio los permisos Usapal y Angosto (noreste), Mirua (norte) y Usoa (este).

La Estrategia Energética 2020, que hoy presenta el Ejecutivo en el Parlamento Vasco, apuesta por introducir a las empresas vascas en el mercado del fracking y por tratar de agilizar "radicalmente" la tramitación de solicitudes y autorizaciones para la exploración, dentro de un plan global que también persigue alcanzar un 14% de fuentes renovables en el mix energético, mantener el consumo en los niveles de 2008 o reducir un 9% el gasto de petróleo.