Vitoria. Nueva vuelta de tuerca en el caso de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Centro Intermodal de Transporte y Logística (CTV). El fallo de la justicia a favor de los agricultores que reclamaron un mayor valor de tasación para sus tierras expropiadas en 2001 para la ampliación del citado complejo logístico en la zona de Jundiz ha derivado en la obligación del pago de una indemnización de ocho millones de euros a los antiguos propietarios de las parcelas, auto que las instituciones implicadas quieren esquivar. En esas circunstancias, el Ayuntamiento no ha tardado en marcar distancias para justificar que su implicación en el caso fue meramente formal en el proceso. También, desde la sede municipal, se recuerda a la Diputación sus obligaciones.
En medio de la polémica desatada por el conocimiento de la sentencia, desvelada en exclusiva por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, el concejal de Hacienda, Manu Uriarte, afirmó ayer que el Consistorio tuvo un papel de mero agente ejecutor en aquella actuación y desveló su as en la manga. Al parecer, existe un contrato con el Ejecutivo provincial que incluye una cláusula en la que se estipula que será el ente foral el que se haga cargo de las variaciones existentes en los justiprecios de los terrenos expropiados en caso de un posible juicio. Dadas las circunstancias, cuando en noviembre la sentencia convirtió la conjetura en realidad, la Diputación comenzó a buscar fórmulas para retrasar un pago millonario.
En primer lugar, interpuso un incidente de nulidad argumentando el desconocimiento de la sentencia y la falta de convocatoria como parte implicada en el proceso para optar a defenderse en un nuevo juicio que le cite para explicar sus motivos. Sin embargo, ante la posibilidad de que la Justicia deseche esta opción y obligue al cumplimiento de la sentencia, el diputado de Promoción Económica, Luis Viana, recordó que el fallo no menta al Ejecutivo foral en ningún momento y se refiere sólo al Gobierno Vasco y al Ayuntamiento de Vitoria, por lo que deberían ser ellos quienes, en primera instancia, hicieran el pago.
Ante tal tesitura, el edil de Hacienda se mostró ayer confiado en que tal circunstancia no será un obstáculo porque "una cosa es quién entrega el dinero y otra quién lo paga. Quien tiene que pagar esto es la Diputación y, en su caso, lo abonaremos con un talón foral", afirmó. Incluso reconoció que la confianza en la resolución de este asunto es tal que el proyecto de Presupuestos no ha incluido ni un solo euro para la cobertura de este fallo. "El contrato está muy claro y la responsabilidad es del Ejecutivo foral que no sé si luego tendrá un acuerdo con el CTV para reclamárselo o no", confirmó.
Insistencia foral Un aspecto en el que precisamente incidieron ayer desde el Palacio de la Provincia. Y es que fuentes forales se reafirmaron en su opinión de que la sentencia deja claro que el Consistorio y el Gobierno Vasco son los condenados. "El demandado es el Ayuntamiento y esa misma cláusula también la tenemos nosotros con el CTV. Es como si tú debes dinero al vecino y todos a la comunidad", explicaron los portavoces consultados. Asimismo, recordaron que todavía es pronto para discutir sobre los porcentajes que debe pagar cada uno ya que el proceso se encuentra en procedimiento de discusión de ejecución de sentencia.
No hay que olvidar que el CTV es una empresa en la que están implicadas Diputación (44,78%), Ayuntamiento de Vitoria (7,41%), SEA Empresarios Alaveses (0,45%), Cámara de Comercio de Álava (9,06%), Caja Vital (26,95%) y Gobierno Vasco (11,35%). En base a esa participación y a los diversos contratos que estipulan que el CTV sería el responsable último de asumir los costes del fallo, la Diputación debería hacerse cargo casi la mitad del montante total. No obstante, el Ayuntamiento también debería asumir más de un 7% del mismo. Un supuesto para el que el Consistorio tampoco ha reservado partida alguna a la espera de que el Consejo de Administración del CTV tome una determinación acerca de la forma de pago, que bien podría consistir en un préstamo, en base a las reservas existentes o también con el abono por parte de los socios.
Este dictamen ha sido un mazazo para las instituciones ya que no esperaban una sentencia de este calado después de una década de pleitos favorables. El caso se remonta a una operación urbanística ejecutada hace diez años. Ante la necesidad de que el CTV creciera, el Ayuntamiento inició los trámites de expropiación de 320.000 metros cuadrados en la zona de influencia del polígono industrial de Jundiz. Para ello, ordenó a sus técnicos que realizaran una tasación de los terrenos. La Diputación intervino como compradora de los solares y, cuando todo estuvo listo, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco se ocupó de dar el visto bueno definitivo.
