vitoria. El Gobierno Vasco quiere movilizar 3.000 nuevas viviendas en alquiler a través de un nuevo programa de intermediación entre arrendadores y arrendatarios que consistirá en el pago de un seguro por parte del Ejecutivo para cubrir desperfectos e impagos de renta en la vivienda de alquiler. Con esta iniciativa, según anunció ayer el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, se pretende que 3.000 viviendas ahora vacías pasen a estar en alquiler y tengan una renta a precios "más bajos y asequibles" que en el mercado libre de alquiler.

El consejero indicó que el objetivo de su departamento es alcanzar en 2013 las 23.100 viviendas destinadas al alquiler, lo que supone, el 58% del conjunto que se pretende movilizar en su plan director, respecto al total de 40.000. Prueba del "esfuerzo" y la "apuesta" del Gobierno Vasco por la vivienda de alquiler y la movilización de la vivienda vacía, es que el Ejecutivo quiere aumentar hasta en 6.000 el parque de viviendas que existe actualmente en Bizigune, el programa para dedicar viviendas vacías al alquiler, que actualmente se cifra en 5.000.

El consejero defiende la apuesta del Gobierno Vasco por captar inversión privada para obtener financiación y recursos para "sanear" las sociedades públicas de vivienda. Es por ello que reiteró la voluntad del Ejecutivo de activar un plan de colaboración público-privada con un inversor privado para que este adquiera unas 3.000 viviendas a las sociedades públicas Visesa y Alokabide, compre suelo al Gobierno Vasco y construya más de 1.000 viviendas "por su cuenta".

Esas 4.000 viviendas, tal y como añadió Arriola, serían "cedidas en arrendamiento" por el inversor al Gobierno Vasco por un "plazo mínimo de 20 años" para que el Ejecutivo pueda destinarlas a aquellas personas que están inscritas en Etxebide, el registro de viviendas de la Administración vasca.

El Gobierno abonaría a este inversor privado 700 euros al mes por vivienda, aunque "recuperaría" alrededor del 42% por la renta que los inquilinos deben abonar a Etxebide. El inversor se comprometería además al mantenimiento estructural de estos edificios, que "permanecerán siempre en el mercado como viviendas protegidas", puntualizó el titular vasco de Vivienda.