Vitoria. Han transcurrido 39 días desde que el alcalde, Javier Maroto, anunció en rueda de prensa sus intenciones de purgar el Padrón municipal de forma "inmediata", después de que hallara en uno de los cajones del anterior Gobierno municipal 6.538 expedientes de baja sin tramitar. Por eso, ayer la oposición cargó contra el PP, al que acusó, durante la comisión de Políticas Sociales, de incumplir esta promesa y de extender la presunción de culpabilidad a todo perceptor de ayuda social. En especial, a los que tienen rostro de fuera, por el hecho de querer pasar de uno a cinco los años mínimos de residencia en la capital alavesa para acceder a las prestaciones o el de acabar con los que se registran en un domicilio que no es el verdadero hasta lograr este plazo de tiempo.
Una última medida ésta que pretendía acabar con el envío de misivas a todas las residencias gasteiztarras, como así proclamó el equipo de Maroto en julio, y que también se ha pospuesto. Aunque por causas mayores, tal como aclaró la edil de Asuntos Sociales, Ainhoa Domaica. "Hemos dejado en un segundo plano nuestra prioridad del envío de cartas para dar respuesta a esos 6.538 expedientes de baja que están sin tramitar desde 2009", justificó Domaica, en alusión a la pregunta tanto del PNV como de Bildu para conocer las actuaciones de mejora de control del fraude.
A día de hoy también es imposible conocer cuántas de las 6.538 viviendas de baja sin tramitar pertenecerían a ese engaño para recibir un beneficio económico. "Podría saber cuántos son perceptores, pero no los fraudulentos porque es un proceso que lleva tres meses y sólo cuando esté en marcha Gesis, la nueva herramienta informática, se conocerán de forma automática", admitió Domaica, quien negó que la depuración del censo municipal sea un plan de lucha, puesto que es "la obligación del Gobierno actualizar el padrón".
De ahí que cuando Maroto compareció para explicar esos miles de casos sin tramitar, "sólo daba a conocer un hecho objetivo heredado del anterior Gobierno. Tener todos esos datos sin tramitar sí que me parece una irregularidad absoluta". Y que en ningún caso la intención del alcalde fue vincular engaño a ayudas. Unas palabras que dice que nunca salieron de la boca de Maroto, según Domaica, pero sí de la oposición, lo que desató la ira de Bildu, puesto que, su representante, Iratxe López de Aberasturi, tildó de "cinismo" el hecho de culpar a la oposición de ser quien genere alarma social. "Lo lógico es reconocer que habéis lanzado vosotros esta alarma del fraude sin pruebas y no nosotros", censuró.
El retraso de esa "inmediatez" que proclamó por los cuatro vientos Maroto el pasado 2 de septiembre también fue el centro de las críticas del PNV. La portavoz jeltzale en Asuntos Sociales, Nerea Melgosa, incluso ironizó con ello. "Parece ser que su sentido de inmediatez sólo lo hace con las contrataciones", declaró Melgosa, en alusión a los empleados que el alcalde quería que se incorporaran a la plantilla de la sociedad Gilsa, sin que se llevara a cabo la autorización del Consejo de Administración, como denunció en bloque la oposición este lunes.
259 nuevas RGI A Melgosa también le parece "grave" que se ponga en tela de juicio la labor de los trabajadores sociales a la hora de frenar el fraude social. Igual de "preocupante" cree que es que los que se emplean en las oficinas municipales de San Antonio sigan sin conocer qué va a ser de ellos desde el 1 de enero. Una fecha en la que se supone que el Gobierno Vasco asumirá todas las competencias del Consistorio en materia de Renta de Garantía de Ingresos (RGI), salvo las de alta exclusión social.
"Tranquilidad porque hay un periodo transitorio de dos meses y medio hasta ese momento", replicó Domaica, quien matizó que este mes se han iniciado 254 nuevos expedientes de RGI y renovado 63. "190 podrían derivarse a Formación".
