vitoria. La Ertzaintza ha logrado pescar truchas. De forma casi literal. La Policía autonómica ha desmantelado una red dedicada al fraude en torno al IVA que había escamoteado una importante cantidad económica a la Hacienda vizcaína, pero también a la estatal. La clave de la trama era la creación de unas empresas ficticias, denominadas truchas, durante el periodo impositivo para evitar el control de Hacienda y, después, blanquear ese dinero enviándolo al exterior. La operación ha logrado, por el momento, detener a doce personas de varias nacionalidades en cinco provincias.

Pero la investigación continúa abierta. El objetivo es intentar determinar el alcance del fraude, que se estima en varios millones de euros. Sólo durante lo que va de 2011, se calcula que los sospechosos habrían estafado más de un millón y medio de euros a las haciendas estatal y vizcaína. Entre los arrestados hay dos ciudadanos argentinos y otro de nacionalidad rumana y se ha concretado que dos de los promotores de la red tienen residencia en Madrid y un tercero en Leioa. El hallazgo de diversos material ha permitido ubicar a los promotores, pero también a los administradores de las empresas, así como reunir evidencias de las diversas -y numerosas- compañías de la trama, de ahí que desde la Ertzaintza se refirieran ayer a esta operación, a través de un comunicado, como "una investigación sin precedentes" en la persecución del fraude a la Hacienda pública.

Además, la Policía trata de identificar al resto de los miembros de la red a través del análisis de la abundante información -tanto documentos como material informático- incautado en los registros efectuados en diversos domicilios y empresas. El operativo se ha desarrollado en Leioa (Bizkaia), Castro Urdiales (Cantabria), Logroño (La Rioja); Boadilla del Monte, Fresnedillas de la Oliva, Alcorcón, Leganés y El Álamo (todos ellos en Madrid); Toledo y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).

La bautizada como operación Amurraina, en referencia a la naturaleza de las empresas trucha creadas, arrancó ya en marzo. La labor de la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza permitió establecer la importante dimensión de este entramado delictivo, una meta para la que resultó clave la colaboración con la Oficina Nacional de Investigación Contra el Fraude, los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, la Guardia Civil y laPolicía Nacional.

La trama delictiva en cuestión se aprovechaba de la regulación legislativa europea y creaba sucursales de empresas defraudadoras en otros puntos de la Unión Europea. Los estafadores lograban así evadir el pago del IVA. En concreto, los integrantes de esta red creaban, de forma concertada, una estructura de empresas durante cada periodo impositivo para defraudar a Hacienda. La compañía que en realidad adquiría la mercancía -conocida como empresa pantalla- quedaba liberada de pagar el IVA con la excusa de que éste debía asumirlo la otra empresa interpuesta -la llamada trucha-, por lo que procedía a solicitar a Hacienda la devolución o compensación de ese impuesto que nunca había pagado. La trucha, por su parte, no realizaba ninguna liquidación y, cuando Hacienda comprobaba que había finalizado el plazo y solicitaba el ingreso de la cantidad adeudada, no podía localizar a la empresa o le constaba que la persona que figuraba como administrador era insolvente. Éste era un simple testaferro que prestaba su identidad a los organizadores del fraude.

La investigación ha permitido localizar a varias de las empresas fantasma en Hungría, mientras que los testaferros eran individuos "marginales", según precisó ayer la Ertzaintza, sin un domicilio conocido. Las mismas fuentes precisaron que el alcance de la operación policial está aún por determinar, ya que gracias a la "inmensa" cantidad de documentos obtenidos -los agentes también se han incautado de una máquina electrónica para contar importantes sumas de dinero o sistemas informáticos para alterar direcciones IP-, ahora se abre una fase de estudio para determinar la incriminación de otras firmas o el posible fraude a otras haciendas autonómicas.