donostia. Veinte supuestos miembros de una mafia rusa con ramificaciones en Gipuzkoa, Álava y Cataluña serán juzgados en San Sebastián como presuntos responsables de una decena de delitos, entre los que se encuentran la extorsión a varios de sus compatriotas y el intento de secuestro de un empresario georgiano.

En concreto, la Fiscalía de Gipuzkoa imputa a este grupo por asociación ilícita, extorsión, receptación, tráfico de drogas, hurto, tenencia ilícita de armas, proposición para la comisión de un secuestro y falsificación de documento público, entre otros delitos. La mayor petición de condena que hace el Ministerio Público, 16 años y medio de cárcel, corresponde al líder del grupo, un "niño de la guerra" asentado desde hace años en este territorio, que tiene la doble nacionalidad rusa y española, y que era conocido en el mundo del hampa como Vor v zakone (Ladrón de ley). Este encausado disfrutaba de un elevado nivel de vida y utilizaba vehículos de gama alta, uno de ellos valorado en más de 95.000 euros, a pesar de no tener ninguna actividad laboral.

Al parecer, la operación policial que llevó a la desarticulación del grupo, todavía en fase embrionaria, evitó una mayor ramificación de esta mafia y que pudiera llegar a ampliar sus negocios a otros campos como la prostitución y el tráfico de armas, entre otros negocios ilícitos. Tal es así, que el juzgado que instruyó el caso llegó a investigar la eventual implicación del grupo en la posible compra de un niño en Francia por 5.500 euros para lucrarse posteriormente con la venta de sus órganos, aunque las pesquisas no permitieron obtener pruebas de que este delito hubiera llegado a producirse.

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ayer tuvo acceso Efe, explica que los veinte procesados, 16 hombres y 4 mujeres, formaban parte de una "comunidad organizada" y "jerarquizada" que hacía del delito "su verdadero medio de vida". El documento precisa que esta "organización criminal" tenía su origen "en la delincuencia organizada" procedente de estados de la antigua URSS o situados en su "ámbito de influencia" como Rusia, Georgia, Ucrania, Osetia y Armenia. Según el documento del Ministerio Público, los presuntos mafiosos obtenían documentación en un establecimiento de Girona, donde tres de los procesados presuntamente falsificaban certificados de empadronamiento, permisos de conducir, documentos de identidad y pasaportes que "permitieron establecerse y circular de modo legal por el territorio español a los restantes miembros de la organización". Se da la circunstancia de que el segundo líder de la banda asentada en Gipuzkoa consiguió eludir su detención y se encuentra en paradero desconocido.