Vitoria. Cuando se dice que algo es una chatarra para explicar que carece de valor material, la expresión no resulta tan certera como pudiera creerse. La chatarra se ha convertido en un negocio lucrativo y hay quien no escatima ningún medio, legal o ilegal, para obtenerla. Este último es el caso de tres personas que ayer comparecieron ante el Juzgado de lo Penal número dos de Vitoria acusados de un delito de robo con fuerza y de otro de robo con fuerza en grado de tentativa y daños. Finalmente, acusación particular, fiscal y defensa acordaron rebajar las imputaciones a un simple delito de daños, por el cual ninguno de los tres acusados deberá pasar por la cárcel a menos de que no afronten la multa y la indemnización impuesta por la magistrada y que asciende, en cada uno de los casos, a 32.982 euros. Una empresa un tanto complicada teniendo en cuenta que ninguno tiene trabajo y que uno de los tres se encuentra encerrado en la prisión de Nanclares de la Oca por otros motivos.

La causa que ayer se juzgaba por segunda vez -la primera no pudo celebrarse por un problema con el traslado del reo- tenía como objeto determinar las responsabilidades de cada uno de los tres acusados en el robo de una empresa ubicada en el polígono de Gojain, perteneciente al municipio alavés de Legutiano. Los hechos tuvieron lugar el 20 de noviembre de 2007 y consistieron básicamente en el vaciado total y sistemático de un pabellón perteneciente al citado polígono.

Cuando los dueños de la nave, que estaba lista para ser alquilada, acudieron a verla, se dieron de bruces con un panorama desolador. El recinto, que contaba con oficinas en la parte superior y con un área de trabajo totalmente equipada en el interior, había sido literalmente arrasada. Faltaba todo el cableado, incluido el que discurría por debajo del suelo y entre las paredes, las conducciones de agua y desagües, todo el sistema de aire acondicionado, los sanitarios, los elementos del tabicado, la carpintería metálica de las ventanas... Todo lo que contuviera un mínimo de metal había sido arrancado de su sitio.

La cadena que servía de cierre al pabellón había sido forzada y el interior destrozado. No quedaba nada aprovechable ni en las oficinas ni en el área destinada a la producción. Tras inspeccionar el lugar, los titulares de la propiedad vieron cómo tres individuos transportaban un marco de aluminio de una de las ventanas y les dijeron que no podían llevárselo, que no era suyo. Los aludidos aceptaron la advertencia y se fueron del lugar a bordo de una furgoneta blanca.

el rastro de las pistas Cuando la Ertzaintza inició la pertinente investigación para esclarecer lo ocurrido, las pistas apuntaron hacia los tres hombres que habían sido vistos en el lugar de los hechos llevándose la chatarra. El estudio de las huellas dactilares y de las rodadas de neumáticos dejadas en la zona condujo a los agentes hasta ellos en cuestión de horas. No había acabado aún el 20 de noviembre cuando los agentes localizaron la furgoneta blanca estacionada en el barrio de Salburua. En cuanto encontraron a sus titulares, uno de ellos reconoció haber estado en el lugar recogiendo material para venderlo como chatarra. Rápidamente se halló a los otros dos acompañantes, quienes también admitieron su participación.

No obstante, llegado el momento del juicio y ante la dificultad de probar que los acusados hubieran roto la cadena de entrada, la acusación particular y la fiscal pactaron con el abogado defensor reducir los cargos al delito de daños, acuerdo que los tres imputados aceptaron. La juez informó a cada uno que debía abonar una multa de 540 euros y una indemnización de 32.442 euros, a lo que los tres respondieron declarándose insolventes. Eso sí, uno de ellos, que recibe 900 euros mensuales en concepto de ayuda social del Ayuntamiento, se comprometió a abonar 50 euros mensuales.