Vitoria. Sobre la mesa, las intenciones son prometedoras. Después, aplicar la futura normativa, al menos, tal y como está planteada en la actualidad, será otra cosa. Éstas son las perspectivas que devienen del anteproyecto de Ley de la Vivienda presentado ayer por el responsable del Departamento de Vivienda y Obras Públicas, el socialista Iñaki Arriola, quien argumentó una iniciativa que pretende establecer la vivienda como derecho subjetivo o estudiar la posibilidad de gravar aquellos pisos que se encuentren vacíos en Euskadi. Ahora, la legislación en ciernes inicia su camino parlamentario, que es el que ha de pulir la normativa mediante el diálogo y la discusión de los diferentes grupos políticos de la Cámara autonómica que han de aprobarla de manera definitiva antes de que concluya el presente ejercicio. No obstante, además de los procedimientos internos del propio Gobierno, la normativa se va a someter al debate de los ciudadanos, que podrán presentar sus propuestas a través de Internet, y a la negociación con los ayuntamientos.
Las propuestas realizadas en el anteproyecto serán enriquecidas con la participación social, ya que como recordó Arriola, dicha iniciativa "es consecuencia del Pacto Social por la Vivienda en Euskadi, firmado el pasado año y suscrito por 77 agentes institucionales, sociales y económicos. "El Gobierno desea, antes de remitir el proyecto al Parlamento, pulsar la opinión de la ciudadanía vasca sobre las medidas propuestas y darle la palabra para que tengan la oportunidad de mejorar el proyecto", subrayó el consejero, quien recordó que los ciudadanos que deseen realizar su aportación lo podrán hacer mediante la web www.etxebide.infor o mediante los perfiles habilitados en redes sociales e Irekia.
Pero eso llegará a su tiempo. Por ahora, el Ejecutivo vasco ha presentado en sociedad el anteproyecto, que pronto será aprobado por el Gabinete de Patxi López en el correspondiente Consejo de Gobierno. Aquél propone establecer un canon para las viviendas que, sin causa justificada, permanezcan vacías durante más de dos años y garantizar el derecho subjetivo a la vivienda para las personas con mayores dificultades de acceso y riesgo de exclusión social.
Derecho exigible El anteproyecto tiene como principal objetivo, según indicó el consejero, convertir el derecho a una vivienda en "auténtico derecho exigible ante los tribunales para aquellas personas con mayores dificultades de acceso". Además, pretende regular el régimen jurídico de la vivienda de protección pública, reformular y reordenar los sistemas de prestaciones púbicas existentes de ayuda a la vivienda, regular la intervención en rehabilitación y regeneración urbana para eliminar obstáculos a estos procesos y definir el alcance del concepto de "función social de la vivienda". En ese sentido, la iniciativa establece el derecho subjetivo a la vivienda para aquellos colectivos cuyo acceso al mercado libre les podría hacer caer en riesgo de exclusión social. Para que la Administración reconozca este derecho el ciudadano tendrá que tener vecindad administrativa en Euskadi, carecer de vivienda digna y no disponer de medios económicos para acceder a una vivienda libre, estar inscrito en el registro de Etxebide y tener unos ingresos determinados.
Mientras no se apruebe el correspondiente reglamento, se establecería que los solicitantes deberán estar registrados en Etxebide al menos cuatro años antes y los ingresos no deberán superar los 15.000 euros para familias de tres o más miembros, los 12.000 de dos miembros y los 9.000 de las familias unifamiliares.
La satisfacción del derecho al acceso a una vivienda pública se realizaría con la puesta a disposición del solicitante de una vivienda en alquiler o, en su defecto, de una prestación económica ideada para que el beneficiario pudiera acceder al mercado de la vivienda en condiciones dignas.
Otro de los aspectos que prevé el anteproyecto es la consideración de vivienda vacía cuando esté desocupada de forma continuada durante más de 2 años, salvo que concurran motivos que lo justifiquen. Este punto es la base para el establecimiento de un canon que "podrán imponer" los ayuntamientos por un importe de 10 euros anuales por cada metro cuadrado útil. Cabe recordar que el anterior consejero de Vivienda, javier Madrazo (EB), ya intentó sacar adelante una legislación que incluyera esta cláusula. Sin embargo, no consiguió los apoyos suficientes para sacarla adelante.
Expropiación de vivienda Al respecto, el proyecto recoge una serie de causas que podrían traer consigo la expropiación "forzosa" de una vivienda de protección pública, como puede ser no destinar la vivienda a domicilio habitual, mantener la vivienda deshabitada sin causa justificada por plazo superior a un año o duplicar la renta máxima durante al menos tres años, al considerar que se incumple con la "función social" del parque de vivienda pública.
La norma diseñada por el Departamento de Vivienda recoge una nueva normativa en torno a la rehabilitación de viviendas, entre sus artículos se incluye la posibilidad de "abordar la rehabilitación de edificios si hay acuerdo del 50% de las personas propietarias". Arriola explicó que el Gobierno Vasco se reserva la posibilidad de aplicar con carácter general en la Comunidad Autónoma este canon si no lo aplican los municipios.
