vitoria. La retirada inmediata de más de 6.000 Ayudas de Emergencia Social (AES) en Euskadi no ha pasado desapercibida para Cáritas, que ayer también aportó un punto de vista crítico con la decisión del Gobierno Vasco como ya han hecho las tres diputaciones forales, sindicatos y distintas fuerzas políticas. Ramón Ibeas, secretario general de la entidad en Gasteiz, apostó por controlar el fraude en la concesión de prestaciones económicas, pero advirtió de que con actuaciones con ésta "se lanza un mensaje de que los pobres son los únicos responsables de él". Ibeas se mostró tajante a este respecto: "Controlar el fraude sí, pero todo el fraude".

El Departamento vasco de Asuntos Sociales pretende ahorrar este mismo mes con la medida adoptada más de cuatro millones de euros. En concreto, la irregularidad detectada en los 6.262 expedientes en cuestión se basa en que los perceptores no estaban inscritos como demandantes de empleo, lo que implicará la retirada inmediata de las prestaciones. Ibeas lamentó que a pesar de que el "run run dice que sólo se conceden ayudas a los inmigrantes", según los datos recientemente aportados por el Ejecutivo de Patxi López y recordados ayer por Cáritas sólo el 20% de los 88.000 hogares vascos que lo hacen está habitado por extranjeros.

Con la medida impulsada por la consejería de Gemma Zabaleta, eso sí, los mayores perjudicados van a ser precisamente los perceptores foráneos. "A la hora de retirárselas la mayoría sí que son inmigrantes, y no precisamente porque no hayan querido regularizarse sino porque no han podido", lamentó Ibeas. El secretario general de Cáritas lanzó, por último, un mensaje de solidaridad con los inmigrantes que no han logrado regularizar su situación. "Se diga lo que se diga, están viviendo entre nosotros", sentenció.

Aunque de menor intensidad que las declaraciones efectuadas el miércoles, Cáritas puso en evidencia su desaprobación a la iniciativa impulsada por Zabaleta. Los sindicatos ELA y LAB quizá fueron los más críticos con su actuación, calificando a los miembros del Gobierno de "socialistas de pacotilla" o censurando su "silencio" ante el fraude fiscal.