SAN SEBASTIÁN. El representante del Ministerio Público ha hecho esta afirmación durante la última sesión del juicio que se sigue contra Ángel Crespo y María Victoria Ferrer por un total de 27 actuaciones inmobiliarias fraudulentas supuestamente cometidas en Urnieta (Guipúzcoa) y en las localidades navarras de Ablitas, Murchante, Lesaka, Valtierra, Lekunberri, Dicastillo y Tulebras.
El fiscal, que solicitaba 7 años y 9 meses de cárcel para los imputados, modificó su petición para aumentarla hasta los 8 años de prisión, el máximo que le permite la Ley para un delito de estafa continuada, al apreciar como agravante el hecho de que algunos de los inmuebles iban a ser destinados a viviendas habituales por las víctimas.
Asimismo, la acusación pública tuvo en cuenta la especial gravedad de la estafa y el abuso de credibilidad empresarial del que, a su entender, se prevalieron los encausados.
Por su parte, la mayor parte de las acusaciones particulares personadas en representación de los perjudicados han considerado que los hechos no son constitutivos de un delito continuado de estafa sino que se trataría de casos diferenciados.
Por este motivo, aunque han solicitado distintas penas para los procesdos, que van de los 8 a los 16 años, con su planteamiento han dejado abierta la posibilidad de que puedan ser condenados hasta a 64 años en el caso de que el tribunal entendiera que son responsables de distintas estafas o casos de apropiación indebida, agrupados en ocho grandes actuaciones fraudulentas.
En la sesión de hoy las partes han presentado sus informes al tribunal, ante el que el fiscal ha expresado su convicción de que los acusados tienen a su disposición el dinero estafado.
Se ha apoyado para ello en un documento de la defensa, según el cual los encausados pagaron 18.816 euros a uno de los perjudicados, un comisionista francés, en enero de 2009, cuando ya llevaban más de un año en prisión.
Para entonces, según ha recordado el representante del Ministerio Público, la Justicia ya había intentado practicar "todos los embargos posibles" sobre los bienes y las cuentas de los procesados sin llegar a obtener "nada".
El fiscal ha asegurado asimismo que, en su opinión, esta actitud resulta "éticamente reprochable", ya que la actuación correcta habría sido poner "a disposición" del juzgado correspondiente esos 18.816 euros.
Por el contrario, los procesados hicieron llegar este dinero a un único perjudicado que tan sólo había perdido 3.000 euros en esta presunta estafa, cuando hay otros casos "sangrantes" como el de una pareja a la que los imputados presuntamente estafaron 124.000 euros y que deberán pagar durante casi 40 años la hipoteca que suscribieron con una caja de ahorros para comprar una vivienda en Lesaka (Navarra).
El representante de la acusación pública considera asimismo que el pago a un único perjudicado de estos 18.816 pone "en duda" testimonio de Ángel Crespo el primer día del juicio, quien dijo que a partir de su ingreso en prisión en 2007 no pudo hacer "ninguna gestión" para devolver las cantidades presuntamente estafadas a los perjudicados.
El fiscal ha recordado asimismo que los procesados llevaron a cabo numerosas ventas de viviendas sin haber adquirido los terrenos y sin llegar a tener las correspondientes licencias de construcción, entre otras irregularidades.
Las acusaciones particulares han reclamado, por su parte, una sanción "acorde con el daño y la alarma social causadas" por los acusados.
La defensa, por su parte, ha reclamado la libre absolución de sus representados al considerar que no existe "reproche penal" en su actitud que, a su entender, es "un incumplimiento de orden civil".
