vitoria. El domingo 30 de septiembre de 2007 el municipio alavés de Aramaio celebró una encuesta popular sobre el Tren de Alta Velocidad que fue convocada y financiada por una plataforma ciudadana, y en la que el alcalde de la localidad, Asier Agirre, únicamente tomó parte para apoyar políticamente a sus conciudadanos. Con esta tesis, la defensa del alcalde de Aramaio se enfrentó ayer al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre, quien insistió en que Agirre empleó una "estratagema" para llevar a cabo una consulta popular sin tan siquiera pedir permiso para ello y desoyendo la prohibición expresa del acto que había realizado la Delegación del Gobierno. Dos visiones diametralmente opuestas sobre un mismo episodio en el que, como es preceptivo, la juez encargada del caso tendrá la última palabra. En este proceso, elevado a la categoría penal por la Fiscalía que acusa al primer edil de prevaricación y desobediencia, está en juego la posible inhabilitación de Agirre por un periodo de nueve años.

Durante más de dos horas, Agirre respondió a las preguntas de Izaguirre, quien se interesó por todos y cada uno de los detalles que rodearon a la encuesta. Al igual que sucedió cuando le llegó el turno de preguntas al letrado de la defensa, el alcalde de Aramaio repitió una y otra vez que el Ayuntamiento no intervino en la organización del evento, ni en la convocatoria, ni facilitó medios materiales, ni recursos humanos, ni fijó la fecha, ni la hora, ni estableció la mecánica del acto. El primer edil subrayó que el Consistorio se limitó a aprobar una simple declaración a favor de la realización de una consulta y que el día de la votación, que coincidió con el de la elección de los alcaldes pedáneos del municipio, facilitó urnas a los integrantes de la plataforma ciudadana que promovía y pagaba de su bolsillo la encuesta. Un préstamo habitual en el Ayuntamiento de Aramaio cada vez que una agrupación del pueblo lo solicita para llevar a cabo cualquier tipo de votación.

No fue esta la perspectiva del fiscal jefe, quien en sus conclusiones aseguró que Agirre empleó una estrategia para efectuar, con otro nombre, una consulta que la anterior Corporación municipal no logró materializar por la oposición del delegado del Gobierno. Subrayó Izaguirre que la moción aprobada por el Ayuntamiento "hablaba de celebrar una encuesta y no de apoyar" e insistió en que el préstamo de las urnas y la apertura y cesión de los locales municipales representaron una participación activa de Agirre en los hechos. También recordó que en la puerta del Ayuntamiento apareció un papel con membrete municipal en el que se informaba de la fecha y de la hora de la encuesta, documento al que también aludió el alcalde para asegurar que no llevaba ni su nombre ni su firma y que no sabía de dónde había salido el citado membrete ya que él no había dado orden de que se realizara.

En cuanto a la prohibición de la Delegación, que llegó a las ocho de la tarde del viernes por fax al Ayuntamiento, tanto los funcionarios como el propio Agirre señalaron que ese día salieron de las oficinas alrededor de las 16.00 horas y que no las volvieron a abrir hasta el lunes, que es cuando vieron el documento. "¿Abrió el Ayuntamiento para la celebración de la encuesta y la elección de alcaldes y no miró el fax en todo el día? No es que no supo, es que no quiso saber", afirmó Izaguirre.