BILBAO. Las empresas armadoras de atuneros que faenan en el Índico, que actualmente están pescando en el Canal de Mozambique, se encuentran "bastante preocupadas" por tener que volver a faenar entre Seychelles y Somalia sin que se haya autorizado el embarque de armamento de mayor calibre para defenderse de los ataques de piratas.

Precisamente para hoy está previsto que llegue a las islas Seychelles un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas con 19 ametralladoras y dos fusiles de asalto más para los atuneros, un envío autorizado por los ministerios de Defensa e Interior en respuesta a la petición de los armadores.

Fuentes del sector han explicado que el Gobierno de Seychelles se ha negado a que en sus puertos, donde tienen su base esta flota, se suba a los pesqueros, tanto a los que tienen bandera del país como a los que navegan con pabellones de otros estados, armamento de "guerra" de mayor calibre que el actualmente embarcado.

"El Gobierno español está haciendo gestiones para que Seychelles lo autorice y por ahora estamos a la espera", han indicado los armadores.

Actualmente, la flota atunera congeladora se encuentra pescando en el Canal de Mozambique, una zona "sin grandes capturas" que tendrán que abandonar en cuanto el pescado se desplace más al norte.

"Ahora tenemos un pequeño relax, pero sabemos que tenemos que volver y la actividad de los piratas crece y se extiende por todo el área alrededor de Seychelles y el continente africano. Está infestado de piratas, siguen las capturas de mercantes y la Operación Atalanta no tiene la eficacia que debiera tener", han añadido los portavoces del sector.

En cuanto al cobro de las ayudas autonómicas para sufragar parte del coste de la seguridad privada embarcada en los atuneros españoles, las empresas han explicado que el Gobierno Vasco -en Euskadi tienen su sede la mayoría de las empresas- ha aportado los fondos, pero que en otras comunidades como Andalucía o Canarias se encuentran en tramitación.

"Al estar todo aprobado irá para adelante, pero en Canarias y Andalucía hay menos preocupación (con los secuestros) y todavía está en tramitación", han apuntado.

El pago de la seguridad privada se reparte entre los armadores (el 50 por ciento), el Gobierno central (25 por ciento) y las comunidades autónomas donde tienen su base los pesqueros (25 por ciento).