Vitoria. La democracia en estado puro comienza un nuevo ciclo. Tras las elecciones a los concejos llevadas a cabo el pasado 29 de noviembre, los vecinos de la zona rural alavesa eligieron a aquellos habitantes que consideraron que liderarán mejor las necesidades de sus pueblos.

Un total de 1.051 cargos públicos que 30.000 alaveses podían elegir y para los que podían ser elegidos en las 336 entidades locales existentes en el territorio. Más concretamente, 313 personas se presentaron en candidaturas de 72 pueblos, según los datos facilitados por la Diputación, mientras que el resto se eligieron por la fórmula del concejo abierto.

Una gestión que, a pesar de no tener un gran reconocimiento puertas afuera, contribuye a la resolución de asuntos importantes de las localidades en materia de construcción, ampliación y reparación de las instalaciones de uso y servicios públicos de su titularidad, alumbrado público y redes de agua. En esta ocasión, la convocatoria atrajo a un 41,47% de vecinos que marcaron sus papeletas y contribuyeron así a formar las juntas administrativas para los próximos cuatro años, según publica hoy mismo el BOTHA.

discreto Un nivel de participación no demasiado elevado, sobre todo, por la escasa implicación de las grandes localidades del territorio. Así las cosas, Alegría se ha convertido en el lugar que menos ha empleado las urnas en estos comicios con un 2,21%.

Sólo 48 vecinos de los 1.899 censados ejercieron este derecho universal. Tras ella, pueblos como Murgia (9,89%), Betoño (10,36%), Villafranca (10,74%), Arkaute (11,11%) o Luiaondo (14,29%). Ejemplos de una escasa implicación territorial.

En el otro extremo, pueblos pequeños en los que la presencia ha sido máxima. Así las cosas, hasta prácticamente una decena de enclaves ha cumplido al cien por cien con su deber ciudadano. Son Ziriano, Lujo, Ozeka, Arreo, Lasierra, Okina, Pinedo, Eskibel y Lermanda.

A partir de ahora, el Ejecutivo foral tendrá que poner en marcha la maquinaria de gestión temporal en el caso de que haya juntas administrativas en las que ningún vecino haya querido asumir su puesto. Y es que la elección no supone la obligatoriedad de tomar posesión del cargo. En el caso de que ninguno de los nombrados acepte su función, la Diputación establecerá una gestora que tendrá la obligación de convocar elecciones en un año. Si no se consiguen los representantes requeridos, se eliminará la junta administrativa y el concejo pasará a ser un núcleo dependiente del ayuntamiento correspondiente para todos los servicios.