Eutanasia: cinco años de la ley que permite decidir sobre el final de la vida

El 26 de marzo moría Noelia Castillo en una habitación del hospital Sant Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona), después de que los tribunales españoles y europeos avalaran su derecho a la prestación de ayuda para morir. Tenía 25 años.

Su caso se ha convertido en uno de los más mediáticos desde la entrada en vigor, hace cinco años —el 25 de junio de 2021—, de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, y ha situado de nuevo en el centro del debate una cuestión que parecía haber pasado a un segundo plano. La joven sufrió episodios de violencia por parte de su expareja, una agresión sexual múltiple y una complicada situación familiar que la llevaron a intentar quitarse la vida. Tras precipitarse desde un quinto piso y quedar parapléjica, inició el proceso para solicitar la eutanasia.

El proceso se alargó durante dos años a raíz de los recursos presentados por su padre, que llevaron el caso a los tribunales y mantuvieron en suspenso la resolución administrativa inicial. La muerte de Noelia puso fin a la larga batalla judicial, pero no ha dado el caso por cerrado.

La decisión del Tribunal Supremo de legitimar que los padres puedan recurrir la eutanasia a un hijo ha supuesto un mazazo ideológico para asociaciones como Derecho a Morir Dignamente. La sentencia considera que la administración no puede tener la última palabra y los magistrados discrepantes recuerdan que “es un derecho personalísimo, individual e intransferible”. “No tiene ningún sentido que terceras personas puedan intervenir de esta manera, porque estamos hablando de un derecho individual y personalísimo. Por eso esta situación nos ha sorprendido a todos”, señala Rafa Sal, presidente de la asociación en Euskadi.

Aumento de solicitudes

El Estado español es uno de los ocho países del mundo donde la eutanasia está legalmente permitida. El resto son: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, en Europa; Canadá, Colombia y Uruguay, en América; y Nueva Zelanda. En estos cinco años, su aplicación ha ido consolidándose en el sistema sanitario, con un incremento progresivo de solicitudes y una mayor normalización del procedimiento.

En la CAV se registraron 120 solicitudes de eutanasia durante 2025, un 61% más que el año anterior, según el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. De ellas, 107 fueron autorizadas y finalmente se realizaron 78 prestaciones. Desde la entrada en vigor de la ley, 211 personas han recibido ayuda médica para morir en la región. El tiempo medio de tramitación se ha reducido hasta los 39,4 días, por debajo de los 41 que establece la ley.

Gracias a ello, los expedientes evaluados han pasado de 74 a 120 en el último año, tal y como recoge el último informe de la Comisión de Garantía y Evaluación de Euskadi. Además, el porcentaje de pacientes que fallecen de forma natural en mitad del proceso ha disminuido notablemente.

El perfil de los solicitantes responde al patrón observado en otros territorios. La edad media se sitúa en 75 años y predominan las personas con enfermedades graves, crónicas e incapacitantes o patologías incurables. Seis de cada diez habían recibido previamente cuidados paliativos.

También Nafarroa muestra una evolución sostenida. Desde 2021 se han registrado 105 solicitudes y se han realizado 59 prestaciones. El año 2025 marcó el máximo histórico, con 33 peticiones. La edad media de los solicitantes ronda los 70 años y las enfermedades oncológicas y neurológicas continúan siendo las causas más habituales detrás de las solicitudes.

La evolución observada en Euskal Herria se reproduce en el conjunto del Estado. Cinco años después de la aprobación de la ley, las solicitudes y prestaciones continúan creciendo de forma constante.

Catalunya, líder

Desde 2021 se han registrado 3.716 solicitudes de ayuda para morir y 1.668 personas han recibido finalmente la prestación. Solo durante 2025 se contabilizaron 1.284 solicitudes y 565 eutanasias realizadas. Catalunya registró en 2025 la tasa más alta de solicitudes de ayuda para morir, con 6,14 por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, situada en 2,61. Tras ella, las tasas más elevadas se registraron en Nafarroa (5,41) y la CAV (5,13).

Las enfermedades oncológicas siguen siendo las más frecuentes entre quienes inician el procedimiento, mientras que las patologías neurológicas tienen un mayor peso entre quienes finalmente reciben la prestación. El 89% de los beneficiarios supera los 60 años.

La aceptación social también parece consolidarse. Según los datos presentados por el Ministerio de Sanidad, el 72% de ciudadanos consideran que la eutanasia debe ser un derecho reconocido.

Aspectos positivos

Para la asociación Derecho a Morir Dignamente, estos datos reflejan una evolución positiva de la ley y una mejora en la gestión de los procedimientos. “Existe una tendencia ascendente tanto en el número de solicitudes como en las prestaciones realizadas, lo que demuestra que se va avanzando y que este derecho se está afianzando”, explica su presidente en Euskadi, Rafa Sal.

Rafa considera además que la experiencia acumulada durante estos cinco años ha servido para desmontar algunas de las críticas que acompañaron su aprobación: "Se decía que con esta ley morirían muchísimas personas y la realidad demuestra justamente lo contrario. Es una ley garantista, supervisada y basada en la decisión individual de cada persona. La muerte voluntaria se ejerce dentro de un procedimiento muy controlado y es un derecho que hoy está consolidado".

La asociación valora especialmente el compromiso de las instituciones y de numerosos profesionales sanitarios en la implantación de la prestación en Euskal Herria. "Desde el primer momento se han puesto las condiciones necesarias para que la ley pudiera desarrollarse", señala Rafa Sal. A ello se suma el papel de los profesionales que participan en los procedimientos y que, según destaca, contribuyen a que las personas puedan ejercer este derecho "con naturalidad, con empatía y dentro de un contexto que permita que la despedida sea lo mejor posible".

Elementos negativos de la ley

No obstante, DMD Euskadi muestra también su preocupación por las diferencias existentes entre los territorios históricos. La brecha observada en Bizkaia respecto a Araba y Gipuzkoa, tanto en número de solicitudes como de eutanasias realizadas, continúa aumentando año tras año. Por ello, reclama un análisis detallado de los factores organizativos y formativos que puedan estar influyendo en estas desigualdades.

Entre las causas que explican las limitaciones detectadas, Rafa Sal señala "la persistencia de prejuicios culturales e ideológicos sobre el derecho a decidir sobre la propia vida, la falta de información de la ciudadanía, determinadas reticencias existentes en algunos ámbitos sanitarios y el mantenimiento del tabú social en torno a la muerte".

Según explica Rafa Sal, muchos profesionales sanitarios se enfrentan a problemas de información, formación y apoyo cuando reciben una solicitud de eutanasia. “Para muchos profesionales existe una tensión entre la idea tradicional de curar y salvar vidas y la realidad de una persona que solicita adelantar su muerte”, señala. A ello se suman agendas asistenciales muy cargadas y procedimientos complejos, circunstancias que, según DMD Euskadi, pueden provocar retrasos o hacer que algunos facultativos declinen asumir determinados procesos pese a no oponerse al derecho a una muerte digna reconocido por la ley.

El presidente de DMD en Euskadi pide además que se informe debidamente a la opinión pública sobre la eutanasia. “Existe un perfil muy bajo de información al respecto. Ha habido campañas relacionadas con los documentos de voluntades anticipadas, pero prácticamente ninguna centrada en explicar este derecho a la ciudadanía. Cuando una persona tiene un derecho pero lo desconoce, ese derecho termina desapareciendo en la práctica”.

Propuestas de mejora

Para avanzar hacia una aplicación más efectiva de la ley, la asociación propone que todos los centros sanitarios dispongan de protocolos específicos sobre eutanasia para evitar demoras y facilitar la tramitación de las solicitudes. También plantea habilitar una unidad de registro para las personas que encuentren obstáculos durante el procedimiento, realizar un seguimiento de quienes vean rechazadas sus peticiones y analizar las causas de las diferencias existentes entre territorios para corregir las desigualdades detectadas.

Posición de los críticos

Frente a quienes consideran la eutanasia una ampliación de derechos, están asociaciones como laPlataforma Sí a la Vida, que mantienen su rechazo a cualquier actuación encaminada a provocar deliberadamente la muerte de una persona. “Pedimos que se respete la vida en todo momento, en la investigación, en los momentos de mayor vulnerabilidad y absolutamente siempre", dijo la coordinadora de la plataforma, Alicia Latorre, con motivo de la marcha convocada a finales de mayo en Madrid.

La Iglesia también es reacia a este tipo de prácticas. Así lo expresó el Papa León XIV durante su reciente visita al territorio español, al afirmar que "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural".