La SEPAR sostiene que la asistencia a fumadores debe incluir la creación de unidades de tabaquismo en todo el sistema sanitario público estatal y financiación de las terapias antitabaco. Y es que lo único que está claro es que el tabaco mata. En el Estado español, a pesar de que la ciudadanía conoce los efectos nocivos de este hábito, y de las campañas para incentivar que la población deje de fumar, hay 60.000 fallecimientos cada año que son atribuibles al tabaco. Por eso, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica defiende que la nueva reforma legislativa contra el tabaco que prepara el Gobierno incluya cinco medidas “irrenunciables” para, en su opinión, ser efectiva.

Entre ellas destaca el aumento del precio del tabaco, así como prohibir su consumo también en espacios públicos, instaurar el empaquetado genérico, regular la venta, consumo y publicidad de los cigarrillos electrónicos para que sean iguales a las del tabaco convencional e incrementar y promover la asistencia sanitaria a los fumadores para que abandonen su adicción.

El doctor Carlos Jiménez Ruiz, neumólogo y presidente de SEPAR, sostiene que la última ley vigente contra el tabaquismo, de 2010, contiene “algunas deficiencias que merece la pena abordar”, a fin de “construir una ley que sea más eficaz y más eficiente para prevenir que los jóvenes se inicien en el consumo de tabaco, facilitar que los fumadores dejen este hábito, y sobre todo para proteger la salud de los no fumadores frente al aire contaminado por consumo de tabaco”.

Desde esta sociedad médica indican que cada vez que se ha reformado la legislación antitabáquica ha habido un descenso de la prevalencia de tabaquismo, que llegó a situarse en el 31% de la población con la ley de 2010 y siguió disminuyendo, hasta que en 2017 experimentó un repunte, situado hoy en el 34% de fumadores.

El doctor Jaime Signes-Costa, neumólogo y coordinador del Área de Tabaquismo de la SEPAR, indica que se precisa un nuevo movimiento, “principalmente legal, para que esto no ocurra”. Sin embargo, para lograr que la nueva ley sea efectiva defiende estas cinco medidas, desarrolladas a continuación con mayor detalle:

1.- Incremento del precio del tabaco. Esta subida de los precios actuales debería abarcar, según los expertos, a todas las formas de consumo de tabaco: cigarrillos, puros, tabaco de liar, pipas de agua, cigarrillos electrónicos y tabaco calentado.

2.- Prohibición del consumo en espacios públicos abiertos. Terrazas, estadios deportivos, playas, parques, plazas de toros, etc. deberían ser espacios sin humo. Además, la ley tendría que contemplar la estricta vigilancia del cumplimiento de la prohibición y definir un sistema punitivo contra quienes la incumplan.

3.- Instauración del empaquetado genérico. Esta medida supondría la desaparición de los logos e imagen de las compañías tabaqueras, y ya se ha traducido en menos ventas y una menor tasa de tabaquismo en los países que la han implantado, como Australia y Nueva Zelanda, con cifras de consumo muy bajas.

4.- Regular la venta, consumo y publicidad de los cigarrillos electrónicos y de los dispositivos que calientan pero no queman tabaco. Deberían tener la misma regularización que tienen los cigarrillos convencionales, porque a juicio de los médicos son igual de dañinos.

5.- Incrementar y promover la asistencia sanitaria a los fumadores. Todo con una única finalidad: que abandonen el consumo del tabaco. En este sentido, es fundamental que se potencie la creación y desarrollo de unidades de tabaquismo en todo el sistema sanitario público y que se financien todos los tratamientos que han demostrado ser seguros y eficaces para ayudar a dejar de fumar. Todos los fumadores que hagan un serio intento por dejar su hábito, y que lo realicen en el contexto de un programa de asistencia sanitaria, deberían tener acceso financiado a este tipo de tratamientos sin ningún tipo de restricciones.