La decimoquinta legislatura desde el restablecimiento de la democracia en el Estado español, la tercera con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, está a punto de enfilar su último año. El verano de 2027 es el horizonte que el líder socialista se empeña en fijar como inamovible, rechazando por activa y pasiva la posibilidad de adelantar las elecciones generales, que tuvieron su último precedente el 23 de julio de 2023. La cuenta atrás se ha iniciado y el panorama que se le presenta al Gobierno en su afán por rematar su tarea legislativa no es nada alentador. El bloqueo al que se ve sometido en el Congreso desde que Junts le retirara su apoyo está provocando un atasco que afecta a decenas de proyectos normativos que, pese a haber iniciado su tramitación, están pendientes de una aprobación que está por llegar. O que quizás no llegue nunca. El de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es, por su trascendencia y lo prolongado de su estancamiento -están prorrogados desde 2023- el mascarón de proa de esta nave a la deriva que navega con la esperanza de que los vientos políticos rolen de forma inesperada y le permitan hacer llegar a buen puerto un cargamento legislativo que cuenta con otras iniciativas reseñables también encalladas.
Presupuestos Generales del Estado
El 23 de diciembre de 2025, el Consejo de Ministros se hizo un regalo envenenado de Navidad al acordar la prórroga de los PGE de 2023. Era la tercera que lo hacía de forma consecutiva, lo que convierte a esta ley en la gran asignatura pendiente de este Gobierno, que no ha logrado sacar adelante unas cuentas nuevas en lo que va de legislatura y sigue aferrado a las que heredó de la anterior. Ahora es Arcadi España, nuevo titular de Hacienda, el que tiene que capear con el marrón que le he dejado María Jesús Montero con su salida del Ejecutivo al presentar esta su candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía. Pensar en una posible aprobación de unos nuevos PGE es, en este momento, una quimera, habida cuenta del firme propósito de Junts de hacerle sudar sangre al gabinete de coalición del PSOE y Sumar. El plazo fijado en su día para ello por la exministra Montero, el del primer trimestre del año, ya ha expirado. En esta coyuntura, y acostumbrado a manejarse en esta situación, Pedro Sánchez ha renunciado ya a priorizar la consecución de unas cuentas de nueva cuño, relegando este objetivo a un segundo plano y poniendo el foco en las medidas para atajar la crisis provocada por la guerra de Oriente Medio. “El Gobierno tiene que estar en lo urgente”, afirmó hace unas semanas el presidente español en una reunión del Consejo Europeo. En cualquier caso, la oposición con que cuenta tanto en el Congreso como en el Senado no ha impedido al Ejecutivo establecer el techo de gasto de los PGE, fijado en 216.177 millones de euros. Una curiosidad: los diferentes gabinetes presididos por Sánchez acumulan casi la mitad de las prórrogas presupuestarias producidas en cerca de medio siglo de andadura democrática, con cinco –tres de las cuentas de 2023 y dos de las de 2018- de un total de once.
Ley de enjuiciamiento criminal
Lo de la vigencia de los presupuestos generales no es nada comparado con la longevidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), aprobada mediante Real Decreto el 14 de septiembre de 1882, y que 144 años más tarde, aunque con más de 80 retoques por el camino, sigue regulando esta materia. El Consejo de Ministros dio luz verde, el 28 de octubre del año pasado, al proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) que debería tomar el relevo de la centenaria normativa actual. Con ella se pretende establecer una equiparación con la mayoría de países europeos, atribuyendo la investigación penal a los fiscales para descargar de esa responsabilidad a los jueces. No parece sencillo que este nuevo intento de actualización corra mejor suerte que los que se frustraron tras el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de 2001, el anteproyecto impulsado por el Gobierno de Zapatero en 2011 y la comisión creada en 2012 por el Ejecutivo de Rajoy para elaborar un texto articulado del Código Procesal Penal. Y es que, aunque recoge las propuestas planteadas en los últimos 15 años y cuenta con el dictamen favorable del Consejo del Poder Judicial, el nuevo proyecto de LOECrim se enfrenta al bloqueo ejercido por PP, Vox y Junts. Aun en el caso de que saliera adelante, no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2028, con unas generales de por medio.
Ley de Reducción de la Jornada Laboral
El 4 de febrero de 2025 estaba llamado a ser una fecha histórica. Ese día, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley para la reducción de la jornada laboral, que la limitaba a un máximo de 37 horas y media semanales. Y es que en más de cuatro décadas, desde que en 1983 se estableciera la jornada de 40 horas, no se había recortado la duración de la misma. Era la estrella iniciativa de Yolanda Díaz, basada en el acuerdo alcanzado con la mayoría sindical conformada a nivel estatal por CCOO y UGT. Una entente de la que está fuera la patronal, que se opone fieramente a la medida. También lo hacen el PP, Vox y Junts. La formación catalana, especialmente crítica con el texto por su afección sobre las Pymes, escenificó por primera vez su nuevo rol opositor al Gobierno impidiendo con sus votos la tramitación parlamentaria y devolviéndolo al Ministerio de Trabajo un proyecto que también ha generado roces dentro del propio Ejecutivo entre la vicepresidenta Díaz y el titular del Economía, Carlos Cuerpo. El último salió a la luz el pasado 24 de marzo, cuando la líder de Sumar aseguró en un mensaje en Bluesky que “a pesar de los intentos del Ministerio de Economía” seguirían “adelante con el nuevo registro horario”, un sistema ligado a la Ley de reducción de jornada y que pretende acabar con las horas extra no pagadas.
Ley de Información Clasificada
La actualización de la Ley de Secretos Oficiales en vigor, dictada en 1968, en pleno franquismo, está en boga después de la reciente desclasificación de documentos relacionados con el 23F con motivo del 50 aniversario del golpe. Esta medida resultó insuficiente para la mayoría de los socios del Gobierno, que reclaman una legislación que arroje luz sobre otros episodios oscuros de los primeros años de la democracia, como la matanza del 3 de marzo de Gasteiz, los sucesos de los Sanfermines de 1978 o la guerra sucia del Estado. El PNV viene planteando diversas iniciativas en este sentido desde 2016, pero no han encontrado el respaldo necesario de las fuerzas representantes del bipartidismo. El Gobierno, por su parte, remitió en julio del año pasado al Congreso un proyecto de Ley de Información Clasificada que establece cuatro categorías: alto secreto; secreto, confidencial y restringido, con plazos de desclasificación que oscilan entre los 45 y los 4 años. A la vista del bloqueo parlamentario actual, el texto se mantiene en período de enmiendas, ya que desde el PSOE no descartan que, tras las elecciones andaluzas, el PP se avenga a acordar una normativa adaptada al nuevo contexto, relegando la propuesta jeltzale.
Trabas a la Ley de Vivienda
La Ley por el Derecho a la de Vivienda, validada por el Congreso en abril de 2023 en la anterior legislatura, antes de que Junts cavara una trinchera entre dicha formación y el Gobierno, es uno de los grandes logros normativos del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Sin embargo, su aplicación práctica es otra historia. En parte, por la falta de aplicación que, según el PSOE, se produce en las Comunidades Autónomas presididas por el PP, 13 de las 17 existentes, donde las administraciones son reacias a declarar las zonas de mercado residencial tensionado para topar precios. Y por otro lado, el déficit histórico de vivienda pública impide que la legislación tenga el efecto buscado de facilitar el acceso a una vivienda digna a precios asequibles ya sea en régimen de propiedad o de alquiler.
Ley de Familias
Son ya 80 las ampliaciones del plazo de enmiendas que acumula el proyecto de Ley de Familias desde que el Consejo de Ministros le diera su visto bueno el 28 de febrero de 2024. La falta de los apoyos necesarios para sacarla adelante, a raíz de la ruptura de Junts con el Gobierno de Sánchez, ha provocado que lleve más de dos años varado, sin que ni siquiera se haya debatido sobre él en sede parlamentaria. Medidas como la implantación de una renta de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de 3 años o la garantía de concesión de un Número de Identidad de Extranjero (NIE) para niños cuyos progenitores sean personas migrantes en situación irregular se encuentran paralizadas por el veto de la oposición a la norma. Otras que pretende consolidar esta Ley dotándolas de un marco jurídico estable, como ciertos permisos de conciliación por accidente o enfermedad de familiares o para el cuidado de hijos menores de 8 años, sí están en vigor merced a un Real Decreto-ley de 2023.
Reforma de la 'Ley Mordaza'
En el mismo momento en que, en 2015, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy aprobara la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, Pedro Sánchez prometió que la derogaría en cuanto llegara a La Moncloa. Han transcurrido ya casi ocho años desde que el líder socialista cruzara la puerta del palacio presidencial como nuevo inquilino del mismo y la polémica normativa sigue vigente. Cuando ya parecía que el PSOE se había olvidado del tema, recientemente, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aseguró que su reforma está entre las “prioridades absolutas” del gabinete. En este caso, el bloqueo no solo llega por parte del bloque opositor, sino que entre los socios del Gobierno también se ha planteado una negativa a asumir una modificación en los términos que pretenden los socialistas, pues entienden que se mantiene “intacta” la esencia de la ley del PP. Aspectos como el uso de las pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad, las devoluciones en caliente de migrantes en Ceuta y Melilla, las multas por desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad han generado lo que el propio Bolaños definía como una “batalla sorda” en torno a la iniciativa. Por ello, el ministro pedía a grupos como Sumar, ERC y EH Bildu que adoptaran posturas “menos maximalistas” para allanar el camino hacia la reforma que evite la “cronificación” de la Ley Mordaza y su “déficit democrático”.
Otras normas
Bolaños también citó como prioritaria la validación por el Congreso de la Ley de Protección al Honor, la Intimidad y la Propia Imagen, que modificará la que está vigente desde 1982 para adaptarla a los desafíos de la era digital, entre ellos el uso indebido de la IA. En la cola de espera están también otras como las de prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores, acciones colectivas para la defensa de los consumidores o servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación, por poner algunos ejemplos. Todas ellas, con un futuro incierto por el bloqueo de Junts, condenadas a morir en el cajón sin haber llegado a ver la luz en el BOE, a no ser que las próximas elecciones generales deparen una gran sorpresa.
