La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la petición de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que la UCO de la Guardia Civil no investigue sobre presunta corrupción en los negocios por sus relaciones comerciales con el grupo Quirón.

En un auto al que ha tenido acceso EFE los magistrados desestiman el recurso de González Amador contra el auto dictado el junio de 2025 por el juzgado de instrucción número 19 de Madrid, en el que la magistrada que estaba al frente -ya jubilada- encargó a la UCO un informe sobre las posibles ilegalidades que se investigan en una pieza separada del proceso principal que se sigue contra el novio de la presidenta regional.

En el proceso principal se investiga a González Amador y a cuatro empresarios y el juzgado ya abrió juicio oral contra ellos por presunto fraude a Hacienda en 2020 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. Se está a la espera de saber la fecha del juicio.

Ahora los magistrados de la Audiencia rechazan el recurso en el que, dentro de la conocida como pieza Quirón, González Amador alegó que con la documentación aportada ya queda acreditada la inexistencia de delito, y en consecuencia procede acordar el sobreseimiento de las actuaciones.

Argumentan los jueces que la Audiencia ya avaló que se abriera una pieza separada para investigar si el empresario incurrió en corrupción en los negocios y "la decisión del Juzgado de solicitar auxilio de la UCO para la investigación de los hechos, es en definitiva la admisión de práctica de diligencias de investigación", tal y como regula la ley, y contra la que no cabe recurso.

Los jueces advierten que la finalidad del recurso no se dirige realmente contra esta decisión, sino que pretende archivar las actuaciones, pero esto es algo que la defensa no ha pedido ante el juzgado de instrucción "y respecto de la que este tribunal, con funciones revisorias, no puede pronunciarse al no existir resolución previa dictada por el instructor".

La jueza que solicitó el informe a la UCO -hace nueve meses- pidió a la Guardia Civil averiguar si el producto de varias actividades presuntamente delictivas "se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito".

La magistrada recordó el incremento de ingresos obtenido por la empresa de González Amador -Maxwell Cremona- en 2020 y 2021 por la intermediación en una operación de venta de material sanitario y por la percepción de "cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente": Quirón Prevención SL.

Aludía por ejemplo a la compra a la mujer del que era presidente de Quirón Prevención de una sociedad por casi medio millón de euros, una operación donde la Fiscalía ve una posible comisión encubierta, ya que la citada empresa "carecía de valor". Tanto González Amador como la vendedora defendieron la legalidad de la operación.

Recientemente tanto PSOE como Más Madrid, que ejercen la acusación popular en el causa, han pedido que se prorrogue el plazo de instrucción seis meses y que se impulse la investigación, que consideran paralizada, sin que por ejemplo llegue al juzgado el informe de la UCO, que consideran esencial para el proceso.