EH Bildu eleva la presión sobre PNV y PSE en el tramo final de su negociación sobre el blindaje del euskera como requisito en las ofertas públicas de empleo. Josu Aztiria convocó este martes a los medios de comunicación para exponer la propuesta de su grupo, que ha hecho llegar a jeltzales y socialistas en las últimas jornadas con algunos añadidos para poner ejemplos sobre su puesta en práctica y que asegura que no ha recibido respuesta. La propuesta inicial de EH Bildu fue admitida a trámite el año pasado con la abstención del PNV, y antes de esa votación fue rechazada en un informe del Gobierno Vasco porque da la vuelta al sistema vigente. Aztiria admite que la propuesta que defiende EH Bildu mantiene esa característica y da la vuelta al sistema vigente, pero lo defiende como una virtud.
Argumenta que, en la actualidad, con la existencia de un porcentaje de plazas con fecha de preceptividad para aprender euskera, los tribunales obligan a las instituciones vascas a justificar por qué exigen el conocimiento de la lengua vasca en determinados puestos, y consideran que esa cifra es excesiva. EH Bildu quiere establecer una regla general que obligue a conocer los dos idiomas oficiales y, con ello, cree que se van a acabar las interpretaciones y la ambigüedad. A partir de ahí, entraría en juego la “flexibilidad” para aplicar esta regla general: se fijaría un índice de referencia con el porcentaje de plazas solo en castellano que pueden aplazar el conocimiento de euskera durante un tiempo y, mientras tanto, se pondrían en marcha planes personalizados para liberar a los empleados públicos y que puedan aprender la lengua. Estaría sujeto a una evaluación quinquenal para comprobar si esa administración va reduciendo ese índice de plazas sin euskera. Los municipios euskaldunes no estarían obligados a fijar esas excepciones, lo que supone que EH Bildu contempla la posibilidad de varias localidades con un 100% de plazas con perfil. Aztiria constató que es un procedimiento “inverso” al actual y que sigue una lógica opuesta a la reforma que plantea el PNV.
Los jeltzales creen que esta iniciativa sería recurrida inmediatamente en los tribunales alegando falta de proporcionalidad, por mucho que, como aspiración abertzale, sea tentadora la idea de una regla de exigencia generalizada de euskera. Los servicios jurídicos de Lakua también habían señalado que establecer unas fechas para su aplazamiento era problemático, por establecer una vinculación negativa con la ley en el sentido de su “no exigencia”. El PNV propone modificar la Ley de Empleo para que, en lugar de un índice general de obligado cumplimiento sobre las plazas con nivel de euskera, cada institución fije la suya en función de su realidad. Son “dos estrategias jurídicas” distintas, como admitió EH Bildu, que considera que, con su plan, todas las administraciones de la CAV serían euskaldunes en 15 o 20 años.
"Buscan minimizar el coste político"
No obstante, Aztiria interpretó que PNV y PSE defienden su posición lisa y llanamente para evitar un “choque” entre ambos en el Consejo de Gobierno. Los acusó de dejar a EH Bildu al margen. “A lo largo de este proceso ni el PNV ni el PSE han puesto en el centro la necesidad de revitalizar el euskera y blindar el sistema de perfiles lingüísticos, sino otro tipo de intereses. Han dado prioridad a sus propios intereses partidistas buscando minimizar el supuesto coste político que creen que esta reforma les pudiera suponer. Eso es lo que temen y, en lugar de poner el foco en el euskera y los derechos lingüísticos de todas las personas, solo buscan salvar la papeleta haciendo como que hacen”, lanzó el parlamentario. EH Bildu cree que su propuesta “da mayor seguridad jurídica” según los testimonios de los expertos que han pasado por el Parlamento, “mientras que la del PNV es un parche que no arreglaría ningún problema y facilitaría una mayor arbitrariedad”. Aunque no tuvo ninguna concesión hacia el PNV, dio por buena la ampliación del plazo de enmiendas a la reforma de la Ley de Empleo Público si sirve para alumbrar un consenso amplio.
